– Ampliación del derecho de acceso a la información pública, a demanda del ciudadano.
– Obligatoriedad de publicidad activa: retribuciones, subvenciones, contratos, convenios, etc.
– Inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y emrpesariales en el ámbito de aplicación de la Ley: regulación detallada de sus obligaciones de publicidad activa.
-Definiición con rango legal, de los principios de buen gobierno y su régimen sancionador.
– Refuerzo del control sobre actividades económicas de “Personas de Especial Relevancia Política” (PEP).
