En su intervención en el Pleno, Serrano señaló que con esta norma es el Gobierno del PP quien quiere dar “más legitimidad a las organizaciones agrarias, aclarar en las urnas cuáles son las más representativas, que exista una verdadera democracia en el campo y quien quiere que las organizaciones agrarias sean elegidas por agricultores y ganaderos en las urnas de una manera democrática”.
Serrano negó que esta reforma reste democracia al sector agrario, que trate de silenciar a una mayoría o que sea re-centralizadora, como se advierte desde la oposición, sino todo lo contrario, pues contribuye a “abrir la participación a quienes generan riqueza en los pueblos, a quienes se juegan su dinero en empresas agrarias, a quienes generan riqueza y crean empleo y, al mismo, tiempo fijan la población en los territorios rurales”. Es a ellos, en definitiva, a quienes “da voz” esta ley.
Por todas estas razones, el diputado popular dijo no entender las enmiendas a la totalidad presentadas a una norma que pretende “aclarar quién ostenta realmente esa representatividad integral en el campo y que pretende, a su vez, tener unos interlocutores válidos elegidos democráticamente”.
Serrano defendió así una norma que deroga la anterior porque con la regulación anterior, que calificó de “obsoleta, inaplicable e incongruente”, “es imposible medir la representatividad del sector agrario”. Basta, enfatizó, con echar un vistazo al mapa nacional donde en el 53% de las comunidades se han celebrado elecciones al campo una sola vez y, en alguno de estos casos, la última vez que hubo un proceso electoral fue hace 16 años.
