Tras la aprobación de este documento, González hizo hincapié en que “por primera vez se plantea la necesidad de esa coordinación entre las distintas administraciones, y también entre el Gobierno y las Administraciones autonómicas”, a diferencia de lo que ocurría hasta el momento en que el apoyo y la respuesta a las víctimas era diferente en función del territorio.
Entre las principales cuestiones que recoge esa Estrategia, se encuentra la respuesta a una de las demandas más antiguas de las asociaciones de mujeres: La obligatoriedad de la asistencia letrada cuando la mujer toma la decisión de interponer la denuncia.
También medidas “importantes y primordiales” para González son el establecimiento de una red estatal de acogida para las mujeres y que “nos permitirá ser más eficaces” en esta tarea, así como la atención a los menores hijos de las mujeres víctimas de violencia de género “que por primera vez aparece como una estrategia a nivel estatal”.
A este último respecto, González destacó que se trata de “una demanda reiterada por el PP desde hace muchos años y a la que el Gobierno socialista nunca quiso atender; tan sólo en los últimos años comenzó a ver que efectivamente la violencia contra los menores era una forma más de violencia contra las mujeres”.
