Será una de las primeras y más importantes medidas del Gobierno para cumplir con su compromiso de investidura de un plan de regeneración democrática para dotar de confianza y credibilidad a las administraciones.
Tiene el triple objetivo de incrementar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de Buen Gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
Puntos clave de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:
– Todas las Administraciones Públicas tendrán la obligación de publicar toda la información relativa a la gestión del dinero público.
– Se aprobará por primera vez con rango de ley un Código de Buen Gobierno destinado a todas las administraciones.
– Se refuerzan las sanciones contra el despilfarro y la mala gestión de los recursos y se fijará un baremo público sobre las retribuciones de cargos públicos.
– Por primera vez, la elaboración de una ley se ha abierto a la participación ciudadana directa a través del Portal Digital de la Ley de Transparencia.
– España se situará entre los países occidentales con mayor nivel de transparencia.
El mayor control sobre la actividad pública, la mayor información accesible y la participación favorece también el crecimiento económico por tres vías:
1. Los políticos toman mejores decisiones, porque disponen de mayor información para formular las políticas y están sometidos a mayor supervisión.
2. Se mejora la competitividad económica, porque se asignan mejor los recursos, y se toman mejores decisiones de consumo, inversión y organización.
3. Impulsa la atracción de inversión directa extranjera, porque las decisiones de inversión dependen de factores como el conocimiento de las reglas y normas.
