El portavoz adjunto del GPP en el Congreso, Rafael Hernando, recordó hoy que los 12.000 millones que han aflorado a la economía real tras el proceso de regularización fiscal acometido por el Gobierno en la línea de otros países de la UE (Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia) “es dinero que se incorpora a la economía real y que servirá para generar crecimiento y empleo, y con ello se han recaudado 1.200 millones que supondrán menos recortes y menos ajustes”.
En declaraciones a los medios en el Congreso, Hernando recalcó que no estamos “ante una amnistía fiscal como sí lo fueron otras medidas de regularización que adoptó el PSOE, o como lo fue en el año 95 la prescripción de miles de millones de pesetas, sino que se trata de una medida de regularización fiscal similar a la de otros países de la Unión”.
Así, el dirigente popular lamentó el “boicot continuo y el intento de dinamitar desde el primer momento” una medida que “pretendía hacer aflorar un dinero que se ocultó durante la etapa de Gobierno del PSOE”, y lamentó también que esos intentos hayan involucrado a los tribunales, donde los socialistas han apelado de manera “paradójica” queriendo convertir el TC “en un Parlamento paralelo o de segunda opinión”.
Paradójico, según precisó, si se compara lo que los socialistas tachan hoy de inconstitucional y lo que ellos mismos hacían en el Gobierno. “Resulta paradójico que nos anuncien que subir las pensiones un 1% o un 2% les parece motivo de un recurso al TC, y sin embargo congelar las pensiones les parece constitucional; o que se nos diga que este proceso de regularización, que ha regularizado el dinero que estaba debajo del ladrillo pagándose un 10% y que se destinará a políticas sociales, es inconstitucional, mientras que las dos regularizaciones del PSOE, alguna de ellas una verdadera amnistía fiscal, sí les parece constitucional”, dijo.
Por esta razón, instó al PSOE a “centrarse y aclararse”, parafraseando las palabras de este fin de semana del ex presidente Felipe González a los suyos, e hizo hincapié en que el compromiso del PP en la lucha contra el fraude es “claro y evidente” llevando a las Cortes la normativa “más dura contra los defraudadores y el fraude fiscal que jamás había existido en nuestro país”. Así, cifró en 8.500 millones más que el Gobierno anterior lo recaudado en lo que va de año en esta lucha.