“Esta política lingüística -dijo- nos parece realmente insólita” y advirtió que todo esto “tiene un impacto potentísimo sobre las economías de los comercios, especialmente en un momento de crisis económica tan delicada como el que están atravesando las PYMES catalanas”.
Por último, Antonio Gallego indicó al ministro que también es un “despropósito que se promocione la delación” y que se respalde desde una administración como la catalana “el chivatazo y la denuncia anónima a comerciantes que tienen un determinado rótulo”.
