Por ello, “en tanto garante” de dichos derechos y libertades, el PP reclama que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la retirada de contenidos audiovisuales o la interrupción del servicio de comunicación audiovisual.
La justificación de la enmienda del Grupo Popular es que, al haberse decidido por el Gobierno que el proyecto de Ley no tiene rango de Ley orgánica, debe quedar claro que su objeto no afecta al contenido esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión y de comunicación, “que, en todo caso, debe respetar y cuya tutela está encomendada, por el artículo 53 de nuestra Constitución, a los Tribunales”.
