En España contamos con instrumentos legislativos capaces de hacer frente a esta violencia, entre ellos destacaríamos la Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de Violencia doméstica y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sin olvidar las leyes autonómicas destinadas a esta lucha.
Hace cuatro años todos los partidos políticos asumimos el compromiso de aprobar por unanimidad una ambiciosa Ley Integral contra la Violencia de Género que suponía un marco legal adecuado para luchar contra esta lacra social. Sin embargo, después de más de cuatro años transcurridos desde la entrada en vigor de esta Ley y tras realizar un análisis en profundidad sobre su funcionamiento, creemos que no ha cubierto las expectativas generadas con su aprobación.
Desde el PP venimos manteniendo que la Ley Integral fue desde el principio una ley muy ambiciosa, una apuesta del Gobierno en la lucha contra los malos tratos, pero que evidencia una serie de defectos estructurales, de planificación inicial, especialmente en lo referente a los Juzgados de Violencia, y sobre todo adolece del presupuesto necesario, de los medios precisos para que pueda convertirse en la solución a los problemas que padecen las mujeres víctimas de violencia de género.
(Documento íntegro en el archivo adjunto)
