En la Comisión Constitucional
- El diputado del Grupo Popular y miembro de la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, denuncia que la Mesa de la Cámara Baja presidida por Francina Armengol está vulnerando los derechos de los diputados al prolongar de forma sistemática y sin justificación los plazos de enmiendas en numerosas iniciativas legislativas. A su juicio, esta práctica bloquea la actividad parlamentaria y lesiona el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución
- Además, explica que el Tribunal Constitucional ya estableció en una sentencia del 14 de abril que la ampliación reiterada e injustificada de estos plazos vulnera el ius in officium de los parlamentarios y afecta a principios fundamentales como el democrático y el pluralismo político que deben regir el procedimiento legislativo
- Según Bermúdez de Castro, en lo que va de legislatura se han prorrogado sin motivación 25 proyectos de ley derivados de reales decretos-ley convalidados por el Pleno, además de mantenerse bloqueadas más de 50 proposiciones de ley, incluidas todas las presentadas por su grupo y las remitidas por el Senado. Considera que esto supone una “parálisis institucional” y han pedido al resto de grupos que apoyen medidas para garantizar el normal funcionamiento del Parlamento. Dicha iniciativa ha quedado aprobada con el voto en contra del grupo Sumar, del que forma parte Pisarello y, sorprendentemente, con el voto a favor del PSOE, que, con ello, enmienda la plana a Francina Amengol y sus compañeros de Mesa
- Por su parte, el portavoz adjunto en la Comisión Constitucional, Enrique Belda, defiende una iniciativa del PP en la que se denuncia que el Gobierno continúa sin presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso. Subraya que esta omisión supone el incumplimiento de un mandato constitucional directo, que exige la presentación anual de las cuentas públicas, incluso en situaciones de falta de mayoría parlamentaria
- Recuerda que la Constitución prevé mecanismos para afrontar un eventual rechazo de este Proyecto, como la prórroga automática de las cuentas vigentes, pero siempre después de que el Gobierno haya cumplido con la obligación de presentar un nuevo Proyecto. Insiste en que esta exigencia jurídica no puede por anuncios reiterados ni por la mera aprobación de actos preparatorios, como el techo de gasto, especialmente cuando este ha sido rechazado por la Cámara
- Asimismo, pone de relieve la importancia del control parlamentario sobre los recursos públicos, especialmente en un contexto en el que, según Belda, el Estado está recibiendo más ingresos que nunca por la combinación de presión fiscal y fondos europeos. Lamenta que en pleno 2026 sea necesario recurrir a una iniciativa parlamentaria para recordar una obligación constitucional básica y defiende que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales del funcionamiento democrático
