En el Pleno del Congreso
El portavoz adjunto del GPP, Pedro Muñoz Abrines, denuncia que el PSOE a través de la Ley de Memoria “ha comprado el mismo relato que escupía ETA para justificar sus asesinatos”, y advierte que el Partido Popular no va a ser cómplice de “su proceso de deconstrucción constitucional”. “El Gobierno pretende usar esta Ley como un cajón de sastre” para resolver situaciones que “legalmente no son posibles por otras vías”
“Enhorabuena al PSOE: su obsesión propagandista les ha llevado a considerar franquistas, traidores e imperialistas a Felipe González, Alfonso Guerra, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván, Xavier Arzalluz o Jordi Pujol”, añade
Afirma que el decreto ley es “un despropósito jurídico, una aberración histórica y un peligro constitucional”, y critica que el Gobierno recurra de forma reiterada a esta vía sin que concurra la “extraordinaria y urgente necesidad” exigida por el Tribunal Constitucional
Sostiene que “difícilmente el pago de unas indemnizaciones por hechos sucedidos hace casi 50 años se puede considerar un supuesto de urgente y extraordinaria necesidad”, y lo califica de “otro fraude procedimental del Gobierno”
Avisa de que esta iniciativa supone “un nuevo desprecio al ejercicio ordinario de la función legislativa por las Cortes Generales” y un uso indebido del decreto ley
Remarca que “nadie con un mínimo de rigor histórico puede defender que desde las elecciones de junio de 1977 en España no había democracia y libertad”, reivindicando el proceso de la Transición
Defiende que reconocer indemnizaciones por hechos posteriores a 1976 “es un ataque directo a la base fundacional de nuestra democracia” y “un paso más en el camino de deslegitimación de la Transición y de la Constitución de 1978”
Advierte de que la muerte de Manuel José García Caparrós, “trágica e inaceptable”, no puede abordarse desde la Ley de Memoria, sino desde “la responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales”
Recuerda que en 1978 el propio Congreso ya investigó los sucesos de Málaga y concluyó que “no se podía atribuir una responsabilidad política a las autoridades”, descartando su vinculación con la lucha contra la dictadura
