Registrada comparecencia en la Cámara Baja
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo miércoles ante el Pleno del Congreso para abordar los resultados de sus últimas citas internacionales, pero también tendrá que ofrecer explicaciones por la corrupción de su Gobierno, su partido y su familia tras la petición llevada a cabo por el Grupo Parlamentario Popular.
De esta manera, el GPP logra que Sánchez tenga que abordar los graves hechos que se han conocido en la última semana relativos a la presunta financiación irregular del PSOE y a la intermediación del ministro Torres con la trama liderada por Koldo y Aldama y no exclusivamente sobre los resultados de las últimas cumbres en el exterior.
La solicitud de los populares se produce tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la implicación directa del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la trama de compraventa de mascarillas investigada por la Justicia.
Según este informe, el ministro agilizó personalmente el cobro de las empresas de la trama y presionó a altos cargos de su Gobierno para que validaran material sanitario de dudosa calidad. Además, Torres habría intentado recurrir al propio Pedro Sánchez para que mediara con el entonces ministro Salvador Illa y desbloqueara un contrato vinculado a una de las empresas investigadas.
La UCO apunta también a que el ministro se reunió con Aldama para abordar el cobro de las mascarillas. El documento, elaborado por la Guardia Civil, señala también al jefe de Gabinete de Torres, Antonio Olivera, quien negoció con Koldo García los contratos de las mascarillas con las empresas de la trama. Ambos, Torres y Olivera, habrían mentido en la Comisión de Investigación del Senado, lo que incrementa la gravedad del caso.
De forma cronológica, el PP también recuerda en su solicitud los graves hechos conocidos en los últimos días por los que se cuestionará a Sánchez.
El pasado miércoles, 29 de octubre, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la secretaria del departamento de organización socialista, Celia Rodríguez aseguraron que se realizaban pagos con dinero en metálico tanto a la secretaría de Organización como a la ejecutiva socialista (que incluye al presidente del Gobierno). También afirmaron que entregaban dinero en metálico a Koldo García para que este lo “repartiera”, sin mayor comprobación.
El 30 de octubre, Sánchez incurrió en el Senado en media docena de contradicciones y se refugió en el “no me consta” o “no lo recuerdo” hasta en 25 ocasiones, reconoció haber cobrado dinero en metálico, pero sin recordar cuánto ni cuándo, y no aportó registro documental alguno sobre esos pagos. Además, se negó a contestar preguntas directas como la residencia fiscal de su hermano, la financiación de sus campañas electorales por su suegro (administrador de locales de prostitución) o los negocios privados que su mujer dirigía desde el Palacio de la Moncloa con asistencia de empleados públicos.
El viernes, 31 de octubre, el instructor del Supremo envió un auto a la Audiencia Nacional con el objeto de que valore incoar una investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.
En el día de ayer, 3 de noviembre, se producen además una cascada de hechos que por sí mismos ya implicarían la necesidad de que el presidente del Gobierno diera explicaciones ante el Congreso:
