En la Comisión de Asuntos Exteriores
- El portavoz de Exteriores del GPP en el Congreso, Carlos Floriano, critica que el Ejecutivo haya construido con Marruecos una relación basada en concesiones a cambio de estabilidad y denuncia que, tras la crisis de Ceuta, “han confundido cooperación con dependencia”, dejando la seguridad de la frontera española condicionada a decisiones que se toman al otro lado
- Remarca que “la cooperación se negocia, la amistad se cultiva, pero la soberanía no se delega” y sostiene que Ceuta no puede quedar sometida a la voluntad de Marruecos, por lo que reclama al Ejecutivo una política exterior que garantice la protección de la ciudad española en cualquier circunstancia
- Asegura que lo ocurrido en Ceuta el pasado 30 de julio “no fue solo una crisis migratoria”, sino “una crisis de seguridad nacional” y “una crisis de soberanía”, que puso de manifiesto la falta de estrategia y voluntad política del Gobierno para proteger la frontera
- Afirma que la política exterior no puede medirse por reuniones, fotografías o declaraciones sobre la excelente relación con Marruecos, sino por sus resultados, y señala que “el resultado está en Ceuta”, donde la crisis ha demostrado las carencias de la política del Ejecutivo
- Advierte de que una frontera española no puede depender de la voluntad del país que se encuentra al otro lado y sostiene que España debe poder proteger sus fronteras “también cuando decide no cooperar”, porque “nuestras fronteras las protege España” y “las decisiones sobre el territorio español las toma España”
- Recrimina al Gobierno que conociera el riesgo de una nueva crisis en Ceuta y que, pese a haber previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, hayan pasado cinco años sin que esté terminado
- Señala que el Ejecutivo no puede presentar lo ocurrido como un riesgo imprevisible, ya que “sabían que Ceuta y Melilla necesitaban ese plan”, crearon un grupo de trabajo para elaborarlo y dejaron pasar cinco años antes de que se produjera una crisis frente a la que debía proteger a las ciudades autónomas
- Advierte de que la situación es todavía más grave después de que la ministra de Defensa reconociera que el CNI había trasladado información antes del 30 de julio, por lo que exige saber “quién la recibió”, “quién la valoró” y “quién decidió que no exigía adoptar medidas extraordinarias”
- Recuerda que el Gobierno modificó en marzo de 2022 la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental para aproximarse a las tesis de Marruecos y pregunta qué obtuvo España a cambio, ya que no consiguió impedir nuevas presiones migratorias ni que Marruecos mantuviera sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla
- Pide una estrategia que impida que Ceuta y Melilla vuelvan a ser utilizadas como instrumentos de presión sobre España, con un refuerzo de la frontera sur mediante medios españoles y europeos, una mayor participación de Frontex y la vinculación de la relación privilegiada de la UE con Marruecos al cumplimiento de sus obligaciones fronterizas
- Urge al Gobierno a explicar quién protege la frontera cuando Marruecos decide no hacerlo, por qué sigue sin estar terminado el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla y qué obtuvo España a cambio del cambio de posición sobre el Sáhara, para evitar que ningún Gobierno extranjero vuelva a utilizar una ciudad española “como instrumento de presión sobre España”
