La diputada del PP afirma que la oficina judicial es "uno de los motores" de la modernización y pide su impulso.
La diputada del Grupo Popular, Lourdes Méndez, animó hoy al Gobierno a continuar desarrollando el proceso de modernización "integral" emprendido en la Administración de la Justicia, especialmente con la implantación de la Oficina Judicial en todo el territorio nacional, para lograr de este modo "un servicio eficaz, accesible y transparente".
En su intervención ante la Comisión de Justicia con ocasión del debate de una iniciativa del GPP para tal fin, la parlamentaria popular destacó que la Oficina Judicial es "uno de los motores de ese cambio" que, a través del Plan de Acción 2012-2014, persigue "poner en marcha actuaciones transformadoras y mejoras en la gestión y en la racionalización de los procedimientos y del gasto".
Se trata, en definitiva, de un nuevo modelo que rompe con el modelo tradicional y que trata de impulsar una organización de los medios personales y materiales "más racional y eficiente". Esta nueva organización la componen, detalló, dos unidades procesales distintas: de un lado, las unidades de apoyo directo, que asisten a jueces y magistrados en su tarea; y de otro lado, los servicios comunes procesales que, bajo la dirección de un secretario judicial, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales".
El objetivo final es, como explicó Lourdes Méndez, "liberar a los jueces de las tareas no jurisdiccionales y centrar todo su esfuerzo en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". De este modo, afirmó, "se potencian las atribuciones de los secretarios judiciales y se consigue la especialización en las tareas que se realizan en los órganos judiciales". En otras palabras, se obtiene "una reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como un reparto más preciso de las funciones".
La diputada popular echó la vista atrás y recordó que fue en noviembre de 2010 cuando se implantó por vez primera la oficina judicial. Lo hizo en Murcia y en Burgos con los objetivos de "conseguir una tutela judicial efectiva, accesible y rápida, que asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos", de lograr un servicio público de calidad de "modo ágil, efectivo, accesible y atento con la ciudadanía" y de consagrar un "modelo de cooperación y coordinación eficaz con todas las instituciones del ámbito de la Justicia y con la comunidad internacional".
Tres años después de entrar en funcionamiento, la diputada popular recordó el reconocimiento dado a 350 funcionarios de la Administración de Justicia en Murcia por su esfuerzo. Pendiente queda aún, afirmó, realizar su extensión a la jurisdicción civil, lo que junto con la creación de los tribunales de instancia y el impulso a su vez de las nuevas tecnologías, propiciará que nuestra justicia sea "más ágil y transparente".
Méndez destacó la trascendencia del impulso a las nuevas tecnologías en su condición de pilar imprescindible para la modernización de la Administración de la Justicia y que se encuentra "íntimamente ligado" al buen funcionamiento de la oficina, que "deberá culminar con el expediente judicial electrónico y la interconexión de todos los sistemas que dan soporte a la actividad judicial".
Méndez habló por último del vínculo que une a la Administración de Justicia, en concreto a la confianza en el tráfico jurídico con la revitalización de la actividad económica, y mencionó también el principio de seguridad jurídica sobre el que debe asentarse la Administración de Justicia.