Unanimidad para adoptar medidas que eviten que la catástrofe del Prestige se repita

López Veiga recalca que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña deja claro que las decisiones adoptadas en su momento por el Gobierno fueron las adecuadas

Reivindicó que "nunca más" una catástrofe como la causada por el petrolero vuelva a ser utilizada contra el Gobierno, sea del color que sea.

El Senado aprobó hoy instar al Gobierno a realizar determinadas actuaciones a raíz del accidente del Prestige, tras la sentencia judicial dictada sobre el mismo. La moción, presentada inicialmente por el Grupo Socialista y posteriormente modificada a petición de los demás grupos, fue respaldada por unanimidad.

Durante su intervención, el senador del GPP Enrique López Veiga, quien resaltó que esta iniciativa persigue adoptar medidas que eviten que vuelva a producirse una catástrofe semejante, reivindicó que "nunca más" vuelva a utilizarse contra el Gobierno de turno un accidente como éste.

La moción aprobada insta al Gobierno a:

1. Una vez resuelto el recurso de casación anunciado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, a estudiar el ejercicio de las acciones pertinentes en todas las instancias (nacional, europea, internacional), siempre que los servicios jurídicos del Estado consideren que existe base legal suficiente

2. Que se procure además el resarcimiento económico íntegro de todas las administraciones españolas, estatales, autonómicas y locales, así como de los particulares que no hubieran sido ya resarcidas.

3. Que apruebe a la mayor brevedad el Plan Estatal de la Rivera del Mar y Lucha contra la Contaminación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio del Interior y colabore con todo tipo de ayuda para la redacción de los Planes Territoriales y Planes Locales de protección de la rivera del mar y lucha contra la contaminación.

4. Continuar impulsando las medidas previstas en la ley 41/2010 de protección del Medio Marino, para poner en marcha los mecanismos de coordinación interadministrativa de seguimiento de las estrategias Marinas contempladas en la Directiva Marco 2008/56/UE garantizando la participación de las comunidades autónomas en la medida en que afecte a sus competencias.

5. Que se continúen e intensifiquen los esfuerzos en el ámbito internacional y de la Unión Europea para la elaboración de planes y mecanismos de respuesta y prevención de la contaminación del medio marino, previstos en todos los Convenios firmados por España.

6. Que se continúe la revisión del Plan Nacional de Servicios Especiales de Seguridad y Salvamento Marítimo 2010-2018, tanto en materia de recursos humanos, económicos así como de medios materiales para los próximos ejercicios, que garantice el estándar de calidad y eficiencia del actual sistema de salvamento marítimo español siguiendo las mismas líneas que los anteriores respecto a su gestión y que sea equivalente a los ejercicios anteriores.

7. Que por parte del Ministerio de Fomento se desarrollen las directrices para la elaboración de planes de acogida para buques necesitados de refugio tal y como establece el texto refundido de la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

8. Que continúe y se extreme la vigilancia y el seguimiento de los buques cargados con mercancías peligrosas en el Dispositivo de Separación de Tráfico de Finisterre sobre todo en los canales de transporte de material a granel creados a ese efecto después del desastre del Prestige.

9. Que se mantenga la vigilancia de la zona donde se encuentra el pecio del "Prestige" utilizando los medios de la Agencia Marítima Europea (EMSA) con el fin de monitorizar la posible aparición de escapes de fuel desde el mismo

10. Que se haga un seguimiento en la salud a través de los servicios públicos de salud, de las personas que participaron en la recogida del chapapote en los días posteriores al accidente y que así lo soliciten.

11. Que se apliquen todas las medidas legislativas que terminen con la impunidad en cumplimiento del principio de que "quien contamina paga" impulsando las actuaciones preventivas, inspectora de vigilancia y sanción como vías para el cumplimiento de la normativa, sin menoscabo de y respetando, las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas.