El Senado pide al Gobierno que la cárcel de Teixeiro reduzca la masificación

La Comisión de Interior del Senado ha aprobado una moción del Grupo Popular por la que se pide al Gobierno que en la cárcel de Teixeiro en Curtis se adecue el número de presos a la capacidad con que fue diseñada

Así, Mª Jesús Sainz, senadora del PP por A Coruña, ha denunciado que en la actualidad es uno de los centros penitenciarios más masificados de España, ya que fue diseñada para tener una capacidad de 1.008 presos y en la actualidad alberga a unos 1.600.

Además, Sainz ha destacado que a pesar del exceso de presos existe un gran déficit de funcionarios. "El personal funcionario y laboral se cifra en unas 400 personas, de los que 250 se encargan de la seguridad. Un número insuficiente para el alto número de presos, lo que está provocando situaciones de inseguridad. Hay ocasiones que en un módulo con 140 presos y un alto grado de conflictividad, hay dos funcionarios o incluso uno", ha denunciado

Además, la senadora gallega ha advertido que con la puesta en marcha del Centro de Inserción Laboral de A Coruña, muchos funcionarios se han trasladado desde la cárcel de Teixeiro.

Por otro lado, en la iniciativa se reclama que Instituciones Penitenciarias se coordine con los ayuntamientos donde están ubicadas las prisiones con el fin de lograr una mejor integración de los reclusos y la ejecución de las obras de mantenimiento y mejora de los centros.

Sainz ha puesto de manifiesto que la falta de coordinación ha provocado graves deficiencias como continuos cortes de agua, corte de calefacción durante varios días o falta de abastecimiento de agua potable. La senadora gallega ha lamentado que la falta de una adecuada coordinación con el ayuntamiento donde se ubica la prisión llega hasta el punto de que Instituciones Penitenciarias ha realizado obras en los centros sin la preceptiva licencia municipal.

Otro punto que se recoge en la moción del Grupo Popular, pide al Gobierno que se contemple con carácter anual una compensación en los Presupuestos Generales del Estado a todos los ayuntamientos donde existan centros penitenciarios, como contraprestación por la exención del pago del IBI y por el uso de los servicios básicos que presta cada ayuntamiento a los centros, de acuerdo con lo recogido en la Ley de Bases de Régimen Local.