Ruíz Sillero denuncia que el Gobierno de Sánchez frena “constantemente” el avance de Andalucía

En una moción del PP para impulsar la obra pública en Andalucía, que ha contado con el voto en contra de los senadores andaluces del PSOE

La senadora por Andalucía del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Teresa Ruíz-Sillero
La senadora por Andalucía del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Teresa Ruíz-Sillero

La senadora por Andalucía del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Teresa Ruíz-Sillero, ha defendido este miércoles una moción para que el Gobierno de Pedro Sánchez retire la amenaza de recurrir el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional, como medida indispensable para generar seguridad jurídica en la contratación de obra pública en Andalucía y la preservación de los puestos de trabajo vinculados al sector. La iniciativa no ha sido aprobada, tras lo que la senadora andaluza ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez frena “constantemente” el avance de Andalucía.

La moción de los populares también solicitaba la elaboración y aprobación de forma urgente de un paquete de medidas fiscales y laborales con carácter específico para el sector de la construcción que, aún de forma temporal, ayude a la recomposición del sector tras la crisis económica sufrida como consecuencia de la pandemia, la paralización de la obra pública y el alza de los precios de la materia prima para equilibrar las pérdidas económicas y de empleo e impulsar la actividad de la construcción en Andalucía.

Al inicio de su intervención, Ruíz-Sillero ha recordado como el Gobierno de Juanma Moreno marcó el camino cuando aprobó el Decreto 4/2022, de 12 de abril, para paliar el problema del sector de la construcción con la importante alza del precio de los materiales, que hizo que se paralizara la obra pública y parte de la obra privada, con los consiguientes efectos negativos para la economía y para la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector.

“Y ante estas normas aprobadas en Andalucía, que hacen que la Comunidad avance, nos encontramos que el Gobierno de Pedro Sánchez reacciona constantemente planteando recursos de inconstitucionalidad”, ha asegurado.

LOS SENADORES ANDALUCES DEL PSOE VOTAN EN CONTRA

Ante este panorama, la dirigente del PP ha reclamado el posicionamiento a favor de los grupos de la Cámara Alta para garantizar el cumplimiento por parte del Gobierno de España, de la no presentación del recurso de inconstitucionalidad ante el Decreto 4/2022, de 12 de abril y la elaboración y aprobación de medidas específicas para el sector de la construcción. Y ha demandado “sentido común” a los senadores andaluces del PSOE, que hoy se han retratado contra los intereses de los andaluces, cuando en el Parlamento de Andalucía votaron a favor de esta iniciativa.

A renglón seguido, la senadora del PP ha reiterado que a pesar de los “esfuerzos” de Sánchez y del PSOE, el Gobierno de Juanma Moreno seguirá siendo “pionero” en la aprobación de normas que están permitiendo que Andalucía avance. Y ha aprovechado para recordar que el presidente Moreno aprobó la supresión del Impuesto de Sucesiones, la bajada del IRPF, la supresión del Impuesto de Patrimonio, medidas con las que los andaluces se han beneficiado. “Desde el PP de Andalucía se está marcando la agenda en materia de rebajas fiscales, frente a la subida masiva de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha remarcado.

En este punto se ha dirigido a la bancada del PSOE para criticar el silencio del senador Espadas frente a la “ignominia” de Pedro Sánchez por la reforma del delito de malversación y sedición. “Otros líderes autonómicos del PSOE ya han dicho que están en desacuerdo con esta ofensa a los españoles y, por tanto, a los andaluces”, ha apuntado.

Antes de concluir, Teresa Ruíz-Sillero, no ha querido olvidar que la rebaja de las penas por el delito de malversación supondría un indulto encubierto a Griñán, condenado junto a otros dirigentes del PSOE andaluz por el caso de los ERE. “Fue el mayor latrocinio sufrido por Andalucía, con el mayor caso de corrupción ocurrido en España, con 700 millones de euros y con dos expresidentes del PSOE condenados”, ha concluido.