Requena defiende una PNL que sitúa a España en el centro de la política energética europea frente a la del Gobierno que subvenciona a Francia, multiplica el CO2 y descuida las infraestructuras

En la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

El diputado del GPP en el Congreso de los Diputados, Juan Diego Requena
El diputado del GPP en el Congreso de los Diputados, Juan Diego Requena

El portavoz de Transición Ecológica del GPP, Juan Diego Requena, ha defendido hoy una proposición no de ley sobre interconexiones gasistas en España, que no tiene otra ambición que la de “situar a nuestro país en el centro de la política energética europea y sacarlo de la excepcionalidad y la periferia a la que le ha llevado el Gobierno”

Denuncia que la política energética de Sánchez subvenciona a Francia, compra el gas más caro de la historia y permite el cierre del gas barato de Argelia, multiplica las emisiones de CO2, y da carpetazo a un gasoducto como el MIDCAT que ya tenía un grado importante de desarrollo -solo faltaba esencialmente la parte francesa- para construir uno nuevo que sirve a Francia y pagaremos los españoles

Afirma que “las interconexiones en materia energética son el activo más importante con el que puede contar España para ser protagonista en el nuevo paradigma energético”. Por ello defiende mejorar las interconexiones con Francia, Argelia, Portugal y Marruecos

Reprocha al Gobierno que haya abandonado la interconexión con Francia y le pregunta cuánto han costado las obras ya ejecutadas, cuánto es el coste de lo que queda por hacer y a qué oscuros intereses responde esta decisión

“Para conectarnos mejor con Europa debemos sacar el máximo provecho a nuestra producción renovable, permitiendo el desarrollo de la eólica y fotovoltaica y que la burocracia no ponga en peligro la transición energética”, asegura

Destaca que en la actualidad hay cerca de 100GW de proyectos renovables que no podrán cumplir la fecha límite del 25 de enero de 2023, que ha marcado el Gobierno; lo que supondrá la pérdida de los avales de 40.000 por MW y poner en riesgo la transición energética en nuestro país. “El Gobierno tiene la oportunidad de rectificar y cambiar los plazos para permitir el desarrollo de renovables sino quiere cosechar otro fracaso como el de la última subasta de renovables”, concluye