El PP logra que se vote la enmienda para bajar el IVA de las peluquerías del 21 al 10%

En el debate del Proyecto de Ley Antifraude, a través de una enmienda transaccional, firmada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE

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Javier Maroto ha pedido la reconsideración a la Mesa del Senado, que finalmente ha dado la razón a los populares, con lo que la enmienda se votará y confían en sacarla adelante

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado consigue, que la Cámara someta a votación la enmienda en la Ley Antifraude del PP, acordada con el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que habilita “la bajada del IVA del 21% al 10% en el IVA, a los servicios de peluquería, barbería y estética, a partir del 1 de enero de 2022 y con vigencia indefinida”.

En un principio, la Cámara denegó la posibilidad de votar esta propuesta de modificación, a lo que el portavoz del GPP, Javier Maroto, ha pedido la reconsideración a la Mesa del Senado, que se ha reunido en un receso del Pleno y ha dado la razón a los populares. La enmienda finalmente se votará y, el PP confía en sacarla adelante por la mayoría de votos que suponen todos los grupos de la Cámara firmantes de la enmienda –todos los grupos, salvo el PSOE-.

Elena Muñoz y José Vicente Marí, portavoces del Grupo Popular de Hacienda y Presupuestos, respectivamente, han puesto de manifiesto hoy, en el Pleno del Senado, el “compromiso absoluto del PP contra el fraude”, pero con “esa excusa no podemos apoyar medidas como las que incorpora la Ley Antifraude, que exceden este objetivo, que criminaliza a algunos ciudadanos y que supone una subida encubierta de impuestos. Una más, con las este Gobierno socialista que está castigando a los españoles”.

Los senadores populares se han pronunciado así, en el debate del Proyecto de Ley Antifraude, hoy en el Pleno de la Cámara. “Sánchez y ‘engaños Montero’ no dicen una verdad, y así lo hacen en esta Ley que disfrazan, como medidas contra el fraude, un auténtico infierno fiscal”, ha apostillado José Vicente Marí.

José Vicente Marí, senador por Baleares, ha asegurado que el PP rechaza aspectos de esta Ley como una modificación del valor de referencia de los bienes para el impuesto de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales, la subida del impuesto de matriculación, el hachazo fiscal a las herencias en vida y la limitación de los pagos en efectivo de forma desproporcionada.

Muñoz, en su intervención ante el Pleno, ha asegurado que estamos ante una “ley extraordinariamente importante, en la que desde el PP tenemos que lamentar que el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de “consensuar” este texto Legislativo con el principal partido de la oposición”. “A este Gobierno no le interesa debatir, prefiere imponer”.

EL GOBIERNO DE LA IMPOSICIÓN

En este sentido, ha señalado que “estamos ante el Gobierno de la imposición”, como lo pone de manifiesto esta Ley y su tramitación, en la que los socialistas van a “imponer la limitación de pagos en efectivo”, a sabiendas que tienen la oposición frontal del sector del comercio, “porque va a afectar a las transacciones comerciales, y por tanto a la reactivación económica”.

Igualmente, ha denunciado que el PSOE, a través de esta Ley va a “imponer una modificación del valor de referencia de los bienes para el impuesto de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales, que puede suponer una subida de impuestos encubierta”. No podemos pasar por alto, tal y como ha señalado la senadora del PP que también “se van a imponer inspecciones sorpresa, rebajando las garantías de los ciudadanos”.

En este sentido, Elena Muñoz ha lamentado que, en este “afán por imponer”, el Gobierno va a propiciar “un castigo fiscal a las herencias en vida, criminalizando a los ciudadanos que, de acuerdo con lo que prevé el derecho civil de Galicia, Cataluña, Baleares y Aragón, deciden dejar a sus hijos sus bienes en vida.

La senadora popular por Galicia ha denunciado también que, esta “nueva afrenta al Senado, en la tramitación que han hecho. “Les entran las prisas cuando la Ley llega al Senado, cuando la han tenido 7 meses en el cajón del Congreso”, se ha dirigido a la bancada socialista, tras lo que ha añadido que esa es la prioridad que le da este Gobierno a la lucha contra el fraude y ese retraso, según la AIREF, supone perder 273 millones de euros de recaudación.

Elena Muñoz ha puesto de manifiesto el “compromiso firme y decidido del Partido Popular en la lucha contra el fraude”, a través de los hechos como la aprobación de Ley contra el fraude del año 2012, lo que supuso, por ejemplo, En el año 2018 se incrementó la recaudación en la lucha contra el fraude hasta los 15.000 millones de euros, más del 50% de lo que había recaudado el Partido Socialista.

Muñoz ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con todos los grupos salvo el PSOE, para la bajada del IVA de las peluquerías, “un sector esencial, muy castigado por la crisis y que, con la aprobación de esta enmienda tendrán un rayo de esperanza, que evitará el cierre de cientos de establecimientos. “Una decisión justa ejemplo de política útil”.

ENMIENDAS GPP Y ACUERDOS CON OTROS GRUPOS

En el turno de defensa de enmiendas, José Vicente Marí ha recalcado que el GPP ha presentado 41 enmiendas a esta Ley, “porque creemos que no es el momento de subir impuestos y menos por la puerta de atrás, porque lastra la recuperación y generará más sufrimiento en rentas bajas y medias, que ya están asfixiadas”. También, porque “creemos que hay que luchar contra el fraude fiscal, pero de verdad y de forma efectiva, llevamos tres enmiendas para aflorar ganancias patrimoniales no declaradas”.

Del mismo modo, el senador balear ha asegurado que “acordar, significa no sólo decir la palabra diálogo, como acostumbra el Gobierno, sino que significa practicar el diálogo y el acuerdo, como ha hecho el GPP que ha llegado a acuerdos con otros grupos de la cámara en asuntos tan importantes como la bajada del IVA del 21 al 10% de los servicios de peluquería, barbería y estética, a partir del 1 de enero de 2021; otro acuerdo habilita que, en plazo seis meses, se incrementen las plantillas de las administraciones tributarias y en el plazo de 8 años se acerquen a la media europea, que previsiblemente también será aprobado por la Cámara.

A través de otra de las transaccionales, pedimos el cumplimiento del mandato del régimen económico fiscal de Canarias, que el Gobierno se quiere saltar a la torera, y lamentablemente al final no saldrá adelante”, ha explicado Marí.