El PP insta al Gobierno a la legalización de los documentos académicos universitarios oficiales que han de surtir efectos en el extranjero

La diputada del Grupo Popular, Águeda Fumero, afirma que "debemos prestigiar a nuestras Administraciones Públicas y poner en valor la gestión eficiente y eficaz a la hora de legalizar los documentos académicos universitarios"

Asegura que "estamos convencidos de que apostando por una mejora continua en la racionalización de procesos y procedimientos, podremos conjugar: rigor, eficiencia, eficacia, agilidad, cercanía, transparencia y competitividad".

La diputada del Grupo Popular en el Congreso, Águeda Fumero, instó al ejecutivo del PP a la legalización de documentos académicos universitarios oficiales que han de surtir efectos en el extranjero.

Así, Águeda Fumero señaló que "lo hago desde el convencimiento, de que todos los grupos aquí presentes, entendemos que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y bajo ese principio debemos buscar la eficacia en los servicios que se prestan".

Para Fumero, "la legalización de los documentos académicos universitarios oficiales, de los estudiantes que hayan o estén cursando estudios en España, que han de surtir efectos en el extranjero, es un proceso convenido con carácter internacional que requiere contar previamente con el reconocimiento de firmas por parte de las correspondientes Autoridades españolas".

Así, explicó que "desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se es muy consciente de la importancia de la legalización de los títulos universitarios oficiales y de la urgencia con la que a menudo el administrado requiere dicho trámite y, por ello, además de estar en constante contacto y coordinación se realiza con la mayor rapidez posible".

"En esa línea de trabajo el Grupo Popular, anima al Gobierno a seguir trabajando y mejorando el proceso", explicó la dirigente popular, quien advirtió que "ya que las personas que demandan este servicio, normalmente cuentan con una oferta de trabajo en el exterior o bien con la aceptación en una universidad o en un centro de estudios extranjero y, podría verse fallida por su dilación en el tiempo, resultando lesiva a sus intereses".

La diputada popular remarcó que "cuando en España vivimos momentos económicos complejos, las Administraciones Públicas no deben suponer un obstáculo para las personas que han decidido formarse en España y que salen de nuestro país para desarrollar su vida profesional o continuar su carrera formativa".

En su opinión, "son muchos los factores que van a condicionar el tiempo en finalizar el proceso de legalización de documentos académicos universitarios, ya que dependiendo del país de destino de trabajo o de estudio, estará marcado por convenios bilaterales, multilaterales o convenios con las universidades".

"Debemos prestigiar a nuestras Administraciones Públicas y poner en valor la gestión eficiente y eficaz a la hora de legalizar los documentos académicos universitarios" aseguró Fumero, quien manifestó que "en las actuaciones que se vienen desarrollando por el Gobierno, destacamos los acuerdos alcanzados con otros países, así como la propuesta de modificación de convenios ya firmados".

También, "la presentación de textos que eviten aplicaciones limitativas, a fin de lograr que la totalidad de títulos obtenidos en España sean reconocidos en otros países, cualquiera que sea la nacionalidad de los titulados, dada la restricción que supone en la práctica la interpretación literal del contenido de convenios en los que el reconocimiento se establece para los "nacionales" de ambos países", afirmó la dirigente del PP.

Para la diputada popular, "se debe trabajar de manera conjunta, entre universidades y ministerios para que siempre, con el máximo rigor y garantías de seguridad y fiabilidad, se agilicen los trámites para la legalización de los documentos académicos universitarios oficiales y se mejoren los mecanismos de transparencia de información".

Finalmente, Águeda Fumero explicó que "el Gobierno trabaja para mejorar la capacidad de gestión, y así prestar de forma más eficaz y eficientes los servicios públicos, por varios motivos: porque el ciudadano ocupa el papel central y debemos perseguir administraciones cercanas y ágiles; porque entiende que es un elemento de competitividad socioeconómica; porque debemos mejorar los rendimientos de los recursos públicos, y finalmente, porque estamos convencidos de que apostando por una mejora continua en la racionalización de procesos y procedimientos, podremos conjugar: rigor, eficiencia, eficacia, agilidad, cercanía, transparencia y competitividad.