El PP denuncia el veto del Gobierno una iniciativa suya que crearía una línea de crédito ICO para que los ayuntamientos paguen a proveedores

En una rueda de prensa conjunta en el Congreso, Nadal rechazó de plano el veto de ayer del Ejecutivo a la enmienda presentada por su formación en la Comisión de Economía y Hacienda y anunció que pedirá el amparo a la Mesa del Congreso porque, como expresó, los argumentos que alegó el Ejecutivo para evitar que se debatiera y votara dicha iniciativa "ni son correctos ni se sostienen; son arbitrarios y no respeta lo que hasta ahora era la doctrina de la Constitución acerca de la manera en que el Ejecutivo puede limitar los poderes del legislativo".

Como recordó Nadal, la enmienda del PP buscaba recuperar la línea de crédito ICO-Morosidad que se estableció en su día en la Ley de Mororidad y que el Gobierno "nunca llegó a cumplir y luego liquidó mediante una disposición final en la Ley de Presupuestos". Todas estas razones, añadió, "nos llevan a pensar que el Gobierno ha actuado por cualquier motivo menos los jurídicos y constitucionales adecuados para realizar este veto".

Respercusiones del veto para economía

Al respecto de las repercusiones que el veto tiene para los sectores de la economía habló Fátima Báñez, quien subrayó que el veto a ese crédito "tan necesario" deja a la economía "una vez más en un callejón sin salida". "El Gobierno veta; el Gobierno evita el debate político; el Gobierno frena, de alguna manera, el crédito al sector productivo y deja a la economía en un callejón sin salida; por una parte los ayuntamientos no van a tener posibilidad de pagar las facturas pendientes y por otra le va a seguir sin llegar a los emprendedores el crédito que necesitan para invertir y crear empleo".

La parlamentaria popular lamentó que tras seis reformas del sistema financiero el crédito "siga sin llegar a los emprendedores" y que, como "bien denuncia" el Banco Central Europeo (BCE), la última reforma puesta en marcha "va a provocar que siga sin llegar ese crédito", motivos por los que puso en valor la enmienda presentada por su grupo y vetada por el Gobierno. "Hubiera permitido dar un respiro a las Pymes para que tuvieran capital y crédito suficiente, una vez que las Administraciones pudieran pagar".

"Si queremos que se inicie la recuperación -continuó Báñez-, y ayudar a Pymes y autónomos a invertir y crear empleo, es necesario que se aprueben medidas como ésta". Criticó así cómo desde que comenzó la crisis, el crédito a Pymes y autónomos y a las familias ha descendido en 5.500 millones, justo a "quienes hay que atender de manera preferente" porque son "el motor de la economía".

Así, explicó, si el crédito y la morosidad "galopante" son los problemas principales de los emprendedores, "intentemos que el crédito y la liquidez les llegue cuanto antes". Si el balance de la política económica de Zapatero son 5 millones de parados y 476.000 Pymes y autónomos que han tenido que cerrar y si morosidad y liquidez son los dos grandes obstáculos para el tejido productivo, lo que hay que hacer es, precisamente, "poner mecanismos para dar respiro a Pymes y autónomos, que son el motor económico".

Repercusiones del veto para los ayuntamientos

Sobre las repercusiones que tendrá el veto del Gobierno a esa iniciativa para los ayuntamientos habló Juan José Matarí, quien afirmó que "el veto numero 81 del Gobierno socialista significa un grave perjuicio para los ayuntamientos, pero también un grave perjuicio para el empleo en nuestro país".

En opinión del diputado del PP ese veto pone de manifiesto tres cosas: "la primera, la incapacidad del Gobierno para solucionar los problemas; en segundo lugar, la cerrazón permanente de oponerse a las alternativas y propuestas del Grupo Popular y, finalmente, la estrategia deliberada del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer corresponsables de la crisis a los ayuntamientos, cuando la responsabilidad es del presidente del Gobierno".

En este sentido, explicó que "este intento deliberado de hacer responsables a los alcaldes y a los ayuntamientos ha sido a lo largo de la Legislatura y por eso han aplazado, sine die, el nuevo modelo de financiación municipal".

A su juicio, fue por eso por lo que ayer el PSOE "se negó a adoptar medidas extraordinarias que posibiliten paliar los efectos de la crisis". También, "han aprobado presupuestos falsos -continuó-, con transferencias que ahora los ayuntamientos tiene que devolver porque se hicieron con unas premisas que sabían que no se iban a cumplir".

De la misma manera, advirtió que "han discriminado a los ayuntamientos en temas de endeudamiento, cuando éstos sólo son responsables del 4% del déficit". Así, recordó que al inicio de la legislatura "Zapatero dijo que iba a ser la Legislatura de los municipios, y ha sido el Gobierno más antimunicipalista de la Democracia". "Ha incumplido todos sus compromisos, los del debate de investidura, los del programa electoral del PSOE e innumerables mandatos parlamentarios y legales", apostilló.

Por ello, aseguró que ahora hacen falta medidas extraordinarias, como la línea ICO para garantizar que los ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios públicos y pagar a los proveedores. En esta Legislatura, añadió, las políticas de Zapatero relacionadas con las corporaciones locales significan "incumplimiento, rectificaciones y engaños".

Reprobación de Chaves

En referencia a la reprobación del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, presentada ayer por el Grupo Popular, Juan José Matarí, sentenció que "él es el responsable, junto con Gaspar Zarrías, de haberse ocupado en estos dos años de hacer algo por los ayuntamientos porque ésa es su competencia". "Pero han estado ocupados en defenderse de los gravísimos escándalos de los EREs y que hacen referencia a los abusos que él cometió y permitió mientras fue presidente de la Junta de Andalucía", concluyó.