El PP censura "las soflamas publicitarias y prefabricadas" de la izquierda en materia medioambiental

María Teresa de Lara rechaza las enmiendas de totalidad del PSOE y otros grupos a la Ley de Montes por su "política forestal añeja y su conservacionismo a ultranza"

Desmonta "las tres falacias" de la oposición: "No se recalificarán los terrenos incendiados con fines urbanísticos, no se degrada a los agentes forestales y no se suprimen los Planes de Ordenación de los Montes".

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, María Teresa de Lara, censuró hoy "las soflamas publicitarias y los argumentos prefabricados" empleados por la izquierda española en materia medioambiental y rechazó las enmiendas de totalidad planteadas a la Ley de Montes por su "política forestal añeja y su conservadurismo a ultranza".

En el Pleno del Congreso que debatió las enmiendas de totalidad a este proyecto, la dirigente popular advirtió que "el sector forestal ha sido el gran olvidado del Ejecutivo socialista en sus años de gobierno", olvidando "su relevancia para la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales y su trascendencia como soporte de la actividad económica y fuente de empleo en el medio rural, especialmente en el más desfavorecido".

De Lara rechazó las enmiendas de totalidad presentadas al texto, de las que se deduce "una política forestal añeja, anclada en el pasado, con propuestas de un conservadurismo a ultranza que ignoran no solo la realidad forestal de nuestro país, sino también el hecho de que una gestión sostenible debe ser la que alcanza un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales".

En su intervención en la tribuna, la dirigente popular desmintió una a una todas "las falacias" contenidas en los discursos de la oposición al respecto de la Ley de Montes, empezando por el eslogan de que "se permite recalificar con fines urbanísticos los terrenos incendiados". "Es una falacia" decir esto, repitió, porque "el Proyecto de Ley mantiene la prohibición de cambio de uso forestal por razón de incendio en un periodo de treinta años, aunque de manera excepcional las CCAA podrán acordar el cambio de uso cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden, que deberán ser aprobadas mediante Ley".

En segundo lugar, se dice que el texto "menosprecia y degrada a los agentes forestales y medioambientales". Nada más lejos de la realidad, explicó De Lara, porque "los agentes forestales no cambian en absoluto de estatus, a la vez que se garantiza la máxima eficacia y agilidad en la persecución de las infracciones administrativas o de los delitos cometidos contra el medioambiente". "Es una falacia" sostener eso, indicó, pues "no se modifican para nada sus capacidades y potestades, ni tampoco sus obligaciones".

La tercera falacia, subrayó, es señalar que "se suprimen los Planes de Ordenación de los Montes", puesto que "no solo se suprimen, sino que siguen siendo obligatorios para los montes declarados de utilidad pública y los montes protectores".

De Lara remató su intervención destacando los efectos positivos de una nueva norma que "contribuirá a mejorar la gestión de los montes españoles, a la conservación de la biodiversidad, a mejorar la prevención de los incendios forestales, a contribuir a la lucha contra el cambio climático e incrementar la movilización de productos forestales y el aprovechamiento económico de los montes".

Y es que, como detalló, "las áreas forestales españolas suponen más de 27,7 millones de hectáreas, el 54,35% de la superficie de nuestro país, siendo características de la estructura forestal española una enorme fragmentación superficial y el gran peso de la propiedad forestal privada".