Planteamos una actuación integral contra el incremento de los okupas

Ana Zurita propone acometer "cambios transversales" que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a la propiedad

Alerta contra "el agravio comparativo" derivado del fenómeno creciente de la okupación: "Solo el 15% de las viviendas ocupadas lo son por familias vulnerables".

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Ana Zurita, ha propuesto este miércoles en el Congreso "una actuación integral" contra el creciente fenómeno de la ocupación ilegal de vivienda que, por un lado, no se limita a las personas en riesgo de pobreza, pues prolifera ya entre otra serie de colectivos y, por otro lado, no puede combatirse exclusivamente con medidas judiciales, sino que debe aplicarse la receta de "una actuación integral" que garantice el derecho a la propiedad reconocido constitucionalmente.

En su intervención en la Comisión de Fomento con motivo del debate de dicha iniciativa, a instancias del GPP, la diputada popular ha explicado que este plan de actuación integral contempla procedimientos desde la base, como la carencia de vivienda, "pero teniendo claro que la solución a no tener vivienda no puede ser la de ocupar la de otros bajo ningún concepto".

Según ha expuesto, "el grave problema de ocupación" de la propiedad privada tiene dos grandes efectos: "Cuando se atenta contra la propiedad privada un propietario no puede disfrutar del derecho constitucional de la vivienda –reconocido en el artículo 33 de la Carta Magna-, y la ocupación ilegal hace además inviable la gestión de una política de vivienda, al distorsionar e impedir que se lleve a cabo con normalidad".

Zurita ha puesto sobre la mesa "los alarmantes datos" de la ocupación ilegal de vivienda en nuestro país: "Se habla de unas 87.500 familias ocupando viviendas en España, y eso supone inmovilizar un 20% de la vivienda pública de este país, mientras que en la capital los datos son igualmente alarmantes, con 4.600 viviendas ocupadas, recuperándose un 27% de las mismas gracias a la acción policial". "Se da la circunstancia, también alarmante, de que solo un 15% de esas viviendas ocupadas lo son por parte de familias vulnerables, mientras que el resto personas cuentan con antecedentes penales".

Y frente a toda esta problemática, "los llamados ayuntamientos del cambio, tristemente, no solo no buscan soluciones, sino que permiten y alientan el fenómeno de la ocupación haciendo la vista gorda en ciudades como Barcelona, o fomentando situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid".

Por todo lo anteriormente expuesto, la parlamentaria popular ha planteado abordar esta problemática desde tres frentes fundamentales: "Proteger el derecho a la vivienda de las familias vulnerables -Zurita ha recordado las propuestas de alquiler contenidas en el Plan de Vivienda o la ampliación de la moratoria de los desahucios aprobada recientemente-; la acción policial y, en tercer lugar, las medidas judiciales".