Pedimos al Gobierno que continúe legislando en materia de sustracción internacional de menores

Durante su intervención, la senadora del PP ha señalado que la globalización ha propiciado uniones muchos más heterogéneas, en los que es frecuente que cada cónyuge sea de una nacionalidad o cultura diferente. “El problema sobreviene – ha indicado – cuando hay hijos menores y estos son trasladados por uno de los progenitores a un país distinto al de su residencia habitual, violando el derecho de custodia o sin conocimiento del otro progenitor de este traslado”.

En estas situaciones, aunque los padres vivan en diferentes países, el niño tiene derecho a mantener relaciones periódicas con ambos progenitores y viceversa. Pero, en su opinión, entran en conflicto dos derechos: el del menor, que ha de prevalecer y que tiene derecho a disfrutar de una vida familiar y de una relación con ambos padres y por otro lado,  el de los progenitores.

En este sentido, Cristina Ayala ha subrayado que cuando se trata de procesos que tienen que ver con sustracción internacional de menores es esencial dar toda la celeridad al proceso porque, por un lado, el paso del tiempo puede tener consecuencias irreparables en la relación padres-hijos que no conviven y, por otro, cuánto más tiempo pase el menor en el nuevo país y más arraigo tenga, más difícil será conseguir su restitución. “En este punto los esfuerzos realizados desde el Ministerio de Justicia han supuesto un gran avance” ha señalado.

La senadora burgalesa ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia “por ofrecer una regulación, modernizando y adaptando a nuestro derecho el procedimiento a seguir ante un caso de sustracción internacional de menores”. Así, ha incidido en que “hay que seguir avanzando en mejorar nuestra Justicia y en especial, en este tema tan delicado y sensible.

En su respuesta, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que el Gobierno no puede dar la espalda a una problemática tan sensible, en el año 2015 se tramitaron 206 casos, lo que exige se  pongan en marcha políticas proactivas como la prevención. En este sentido, ha indicado que el Gobierno está trabajando en una triple perspectiva: coordinación, cooperación jurídica y mejora de los procesos judiciales.