La nueva regulación de la Justicia Universal ahora "se instruirá todo lo que se pueda juzgar"

El portavoz de Justicia del GPP afirma que "con esta reforma se acabará con el lastre de archivos y sobreseimientos"

José Miguel Castillo Calvín asegura que la nueva regulación facilitará una persecución más efectiva de un mayor número de delitos, cumpliendo con las expectativas de las víctimas.

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, manifestó hoy que con la nueva regulación de la Justicia Universal ahora "se instruirá todo aquello que se pueda juzgar" con arreglo a este principio, cuando hasta este mismo momento "se instruía lo que no podía juzgarse".

Durante el Pleno del Congreso, Castillo Calvín recordó que todos los países de nuestro entorno han venido introduciendo en los últimos años modificaciones en el principio de Justicia Universal para acotarlo y actualizarlo.

Una línea –subrayó- que continúa el Gobierno español y acaba, de esta manera, con una regulación como la actual que "colocaba a España a la cabeza de los archivos y sobreseimientos e incumplía las expectativas de las víctimas".

En su discurso, el diputado popular desarmó las acusaciones vertidas por la oposición sobre una pretendida búsqueda de la impunidad para los asesinos, que tachó de "aberración" por cuanto el PP defiende los Derechos Humanos con "convicción", así como las críticas vertidas por el procedimiento utilizado en esta iniciativa, puesto que, según recalcó, si hay un grupo que se caracterice por impulsar tramitaciones "con celeridad y urgencia" ese es el PSOE; todo "un campeón" en la materia.

"Nos atacan y hablan de desprecio al Parlamento, de no respetar los procedimientos establecidos", censuró Castillo Calvín, al tiempo que recordó "el mayor atropello procedimental" perpetrado en la historia parlamentaria desde el inicio de la Transición, como fue la modificación, en el año 2004, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referente a la designación de los magistrados del TS y que se cerró como la semana de la historia parlamentaria más trepidante desde las Cortes de León de 1188. "Fue la tramitación más irregular de la historia parlamentaria", apostilló, y de esa "nos han hecho docenas" por lo que, consideró, que esa debe ser la forma en que los socialistas "entienden que deben ser las buenas prácticas democráticas, la promoción del consenso y el talante a toneladas".

El diputado popular recordó que aquella reforma, por vía de urgencia y en lectura única -"qué casualidad", enfatizó-, fue rechazada y como solución los socialistas decidieron resolverlo "a las bravas" en un nuevo ejercicio de "desprecio" a la Cámara en la que todos los grupos, excepto el Partido Popular, colaboraron.

Y ahora que el PP busca colocar a España a la vanguardia de la legislación en materia de Justicia Universal acabando con una "realidad que no podemos seguir ocultando", lo que parece importar a los grupos de la oposición es, según apreció Castillo Calvín, "mantener un sistema que ofrece mucho ruido y pocas nueces", como prueba el hecho de que desde la primera denuncia que se presentó en España por crímenes contra la humanidad -año 1996-, tan solo se haya condenado a un criminal -que se presentó voluntariamente-, después de los numerosos procedimientos tramitados por la Audiencia Nacional hasta nuestros días.

Así las cosas, Castillo Calvín avaló una reforma que "trata de mejorar nuestra regulación para garantizar que la teoría y la práctica sean efectivas y que, además, amplía la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española". Con esta reforma "no se da un paso atrás" en Derechos Humanos, negó categórico, sino que, muy al contrario, incorpora la persecución de delitos como la trata de seres humanos y refuerza la lucha contra la delincuencia sexual en menores.

"¿No les gusta que ampliemos la competencia de la jurisdicción española para conocer estos delitos?", preguntó a la oposición, para recordar a continuación que con la actual regulación los delincuentes sexuales de niños no podían ser perseguidos y condenados por tribunales españoles, algo que a partir de ahora cambiará esta reforma haciendo que "la jurisdicción española se extienda a todos los supuestos en los que el menor víctima del delito sea español o resida habitualmente en España".