La Ley del sector ferroviario es buena y se adapta a las nuevas circunstancias

Andrés Ayala tiende la mano para la tramitación de las enmiendas parciales “para llegar a acuerdos que mejoren un texto ya de por sí suficiente y conveniente para el futuro del sector ferroviario en España”

“La ley contiene una planificación rigurosa, estrategia indicativa, programas de actividad y convenios ADIF-Ministerio de Fomento para una financiación sostenible”.

El portavoz de Fomento del Grupo Popular en el Congreso, Andrés Ayala, afirmó hoy que la Ley del sector ferroviario “es un buen proyecto que llega en el momento necesario para sustituir a una ley de doce años que se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias y a los nuevos requerimientos”.

Además, el portavoz popular tendió la mano para la tramitación de las enmiendas parciales con la confianza de llegar a acuerdos “para mejorar un texto ya de por sí suficiente y conveniente para el futuro del sector ferroviario en España”.

En su intervención en el debate de totalidad del Proyecto, Ayala explicó que el mismo “modifica y sustituye a la ley 39/2003 con base a una planificación rigurosa, estrategia indicativa, programas de actividad y convenios ADIF-Ministerio de Fomento para una financiación sostenible”.

Asimismo, recalcó “el mayor avance en las coberturas técnicas y de rentabilidad social y también económica en la construcción de infraestructuras en España”.

“Un nuevo sistema de cánones que supone una liberalización de los servicios progresiva y ordenada como marca Europa y como marcaba la comisión creada por el Ministerio para el futuro del sector ferroviario, con transparencia, simplificación y propiciando y potenciando el papel de los puertos, garantizando los servicios esenciales y de las obligaciones de servicio público, que van a ser prestadas permanentemente por RENFE porque no hay ninguna transferencia ni liberalización en esta materia”, subrayó.

Ayala también señaló que en el Proyecto de Ley “prima la seguridad por encima de todo y da cobertura a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”. “También establece un nuevo régimen sancionador y se transpone la Directiva RECAST”, añadió.

Además, destacó que aunque en nuestro sistema ferroviario tenemos que mejorar la ocupación, ya hemos tenido en 2014 el 32% más que en 2011; y en materia de mercancías, que evidentemente tenemos que luchar por ella, hemos crecido por primera vez en una década”.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD SIN FUNDAMENTO LEGISLATIVO

Respecto de las cinco enmiendas a la totalidad presentadas, el portavoz popular afirmó que las mismas “se han presentado por estrategia política y no por fundamento legislativo” y, en su opinión, la prueba de ello es que “algunos argumentos están absolutamente inventados”.

Por otra parte, aseguró que el trámite de este Proyecto de Ley “ha sido con diligencia y no con precipitación”, al tiempo que recordó que el Consejo de Estado dice que hay crítica esencial a dos artículos, pero los mismos “se han corregido y además dice que se puede elevar al Consejo de Ministros”. También acusó al PSOE de ocultar “de forma artera” que la ley no fija la cuantía de los cánones, sino sólo su definición, por lo que tachó de “lecturas parciales e interesadas” la intervención del portavoz socialista.

Además, Ayala defendió que “la Alta Velocidad es buena para el conjunto de España y de los españoles” y tildó de “verdadero sarcasmo” decir que la ley no es exigente con la seguridad.

De la misma forma, aseguró que “la ley respeta el reparto constitucional de competencias y se ajusta al bloque de constitucionalidad establecido por el Tribunal Constitucional”. “Nadie discute las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de transporte, nadie las elimina, pero la Red Ferroviaria de Interés General es lo que es de interés general y no otra cosa”, subrayó.

Por último, y con respecto a la intervención de ERC, el portavoz del PP  preguntó “qué pasó para que los ferrocarriles de Cataluña o el metro tuvieran las mismas averías el mismo día”, al tiempo que pidió explicaciones sobre “porqué la Generalitat no paga la deuda que tiene con el Estado precisamente de la explotación de los ferrocarriles y las cercanías”. “Vistas las inversiones en Cataluña, lo que hay es insolidaridad y desprecio por el resto de España”, concluyó.