La Ley de Pesca Marítima respeta escrupulosamente el reparto competencial establecido en la Constitución

El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García, asegura que “no hay afanes centralistas ni cruzadas frente a las Comunidades, sólo respeto a la legalidad vigente”

El portavoz de Pesca del Grupo Popular en el Congreso, Joaquín García Díez, afirmó hoy que el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Pesca Marítima del Estado “respeta escrupulosamente el reparto competencial establecido en la Constitución española, respeta escrupulosamente el desarrollo jurisprudencial que ha realizado en todo este tiempo el Tribunal Constitucional”.

En este sentido, añadió que “no hay afanes centralistas ni cruzadas frente a las Comunidades Autónomas, sino exclusivamente respeto a la legalidad vigente”.

En su intervención en el Pleno, García Díez recordó que en 2001 se debatió “y se dijo que era una Ley que se acercaba mucho a lo que necesitaba el sector y entonces CiU se congratuló mucho con la aprobación de este Proyecto de Ley”. “Este grupo ni ha hecho ni hace llamamientos a la desobediencia civil como hacen otros; tiene un escrupuloso respeto por la legalidad vigente”, remarcó.

En este sentido, el portavoz popular aseguró que “el que ahora se trae no modifica una coma”. “Es posible que hayan cambiado los vientos en Cataluña y eso haya motivado la presentación de la enmienda”, subrayó.

En cuanto a la postura del PSOE, manteniéndose en la abstención “basándose en la falta de ambición”, indicó que los socialistas “se pasaron de frenada porque presentaron un Proyecto de Ley de Pesca Sostenible y lo tuvieron que meter en el cajón y no tramitar porque se lo rechazó el sector entero”.

Por ello, afirmó que “queda mucho trabajo por delante” e hizo un llamamiento a que en ese periodo de trabajo que tenemos por delante “intentemos alcanzar entre todos los consensos que en el año 2001 se alcanzaron”.

NO CAMBIA UNA COMA

Joaquín García también advirtió en su intervención que si se lee la definición de Pesca Marítima del año 2001 y la que trae este Proyecto de Ley, “no cambia una coma”. “Tampoco es cierto, como se ha afirmado, que el Estado español viene asumiendo entusiastamente que sea la UE la que ejerza sus competencias en esta materia”, dijo el dirigente popular, quien aclaró: “ni entusiastamente ni arrastras; el reino de España desde su adhesión a las comunidades europeas lo que ha hecho siempre es cumplir con los tratados”.

Asimismo, rebatió que este Proyecto suponga una obstaculización para que las Comunidades Autónomas desarrollen sus competencias de ordenación pesquera. En este sentido, aseguró que “el proyecto de Ley se limita a establecer legislación básica en materia de ordenación pesquera y a quien le corresponde desarrollar esa normativa básica es a las Comunidades Autónomas, como se ha venido haciendo durante décadas”.

En cuanto al derecho de pesca, remarcó que sigue en este Proyecto de Ley residiendo en los pescadores. Así, explicó que “los derechos y las cuotas transferibles deben estar acumulados siempre en un buque, en un barco pesquero, no se puede acumular en unas pocas manos”.

REGISTRO GENERAL DE LA FLOTA Y DIVERSIFICACIÓN

Igualmente, y en cuanto al registro general de la flota pesquera, García Díez indicó que “lo único que se pretende con la modificación que se ha hecho en este tema es garantizar la uniformidad de los datos de los buques y la recogida exhaustiva de los mismos datos con independencia de que puedan convivir ambos registros”, pues “uno no excluye al otro”.

Sobre las medidas de diversificación pesquera, el portavoz popular aseguró que no se discuten las competencias de las Comunidades en materia de turismo, “sino que trata de fomentar el desarrollo de diferentes actuaciones de diversificación económica y del sector pesquero y acuícola y, entre ellas, está ésta”.

Por último, afirmó que “el papel del Ministerio es y será facilitar e impulsar el desarrollo económico con este tipo de actividades, pero esto no excluye a la necesidad de asegurar que estas actividades sean plenamente respetuosas con la  normativa”.

“Es evidente que deberán respetarse, desarrollarse y adaptarse las normativas ya vigentes a las particularidades de la legislación que estamos hablando”, concluyó.