Es un esfuerzo compartido entre Gobierno, entidades de crédito, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias y Organizaciones no Gubernamentales para que estas familias tengan una segunda oportunidad.
Para el caso de las familias que están en riesgo de desalojo, el Gobierno aprobó una medida de carácter urgente para paralizar durante dos años los desahucios de las familias que más lo necesitan.
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