El GPP destaca el gran consenso contra la Ley de Bienestar Animal, reflejado en las 657 enmiendas de los grupos y las manifestaciones de científicos

El Grupo Parlamentario Popular ha destacado hoy el grave problema que el Gobierno ha generado al no escuchar a los expertos antes de tramitar el Proyecto de Ley y no dejar tampoco a los partidos políticos que les escuchen antes de cerrar el plazo de enmiendas. Una Ley de Bienestar Animal, que a decir de expertos, profesionales y científicos nacionales no protege a los animales e incluso los puede poner en riesgo.

En este sentido, resalta que la norma ha generado más de 6.000 alegaciones, un informe crítico de la CNMC, un manifiesto de 800 investigadores y expertos en su contra, las manifestaciones de dirigentes socialistas anunciando un recurso contra la Ley si se llega a probar y 657 enmiendas presentadas por los distintos grupos en el Congreso.

La portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, ha vuelto a denunciar que los partidos del Gobierno han impedido que hasta 30 entidades, colegios profesionales, instituciones y expertos pudieran expresar en el Congreso su opinión acerca de la Ley a pesar de haberlo solicitado. A preguntas de los diputados del PP, a los pocos a los que han dejado acudir y dar su opinión, se ha visto la complejidad y la falta de diálogo y acuerdo previo a esta Ley, la respuesta definitiva fue que lo más sensato para logar una ley equilibrada era aparcar la actual y empezar de nuevo.

ENMIENDAS DEL GPP

Para intentar que la norma cause el menor daño posible, atendiendo a la evidencia científica y a la opinión de expertos, el GPP ha presentado 123 enmiendas al texto del Gobierno, con el objetivo de “proteger a los animales de compañía, evitar el maltrato y asegurar su bienestar sin cercenar el derecho de los ciudadanos a cuidar de sus mascotas, sin contravenir la normativa europea y sin invadir las competencias de las CCAA”. Todas ellas se pueden agrupar en los siguientes bloques:

1. Limitar su ámbito de aplicación para minimizar el resigo y la amenaza que supone su puesta en marcha: El GPP pide que los llamados Animales Auxiliares o con función social (perros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, perros de asistencia, perros de pastoreo y guarda del ganado, de caza...), sigan manteniendo garantizada su protección con la normativa europea, nacional y autonómica vigente en este momento.

2. Garantizar y respetar el derecho de los ciudadanos a cuidar y asegurar el bienestar de sus mascotas: El GPP propone no forzar a la esterilización de todos los animales por ley y no exigir curso de formación a todos los ciudadanos para tener una mascota.

3. Seguridad para los animales y garantía de protección de salud animal y de las personas: El GPP pide limitar la existencia de colonias felinas que la Ley pretende implantar como único modelo de atención de gatos sin dueño, dado que su impacto negativo en el medioambiente está demostrado. Pide que las exigencias de bienestar sean las mismas en los centros públicos que en lo gestionados por las llamadas entidades de protección.

4. Garantía de cuidados profesionales para los animales: El GPP exige formación adecuada a quienes realicen intervenciones profesionales con animales y que el nuevo Comité Científico que se propone que esté formado por expertos de reconocido prestigio.

5. Presupuesto: El GPP reclama que el Gobierno dote presupuestariamente a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas para que puedan hacer frente a las exigencias de la Ley.

“Desde el PP queremos proteger a los animales, evitar su maltrato y su abandono, asevera Milagros Marcos, quien añade que se pueden hacer normas incluso más ambiciosas que esta para evitar el abandono y asegurar su bienestar, pero no así; no sin rigor científico y en contra de la biodiversidad, no al margen de los profesionales, no sin tener en cuenta a la agricultura y la ganadería, no sin pensar en la seguridad y en los derechos de los ciudadanos, no poniendo en riesgo la salud pública, no sin los responsables de Ayuntamientos y CCAA, no corriendo y deprisa, sin datos y sin medir las consecuencias sociales en el territorio, no anteponiendo una corriente de la ideología animalista al interés de todos los animales.

“Esto no es protección, es obsesión de un mal entendido animalismo extremo que pone en riesgo los derechos de las personas, su seguridad y su salud”, afirma.

Por eso propone al Gobierno que se tome el tema en serio, retire este texto, empiece un proceso de dialogo real con quienes son verdaderos expertos, escuche a los afectados y haga una ley con rigor y basada en la evidencia científica que proteja a los animales.