El Gobierno mejora la seguridad ciudadana y blinda derechos básicos

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Gobierno reforma la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para actualizar y mejorar una norma que no se ha cambiado en 22 años

El objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y el ejercicio de sus libertades, frente a nuevas amenazas del siglo XXI: 

PROTECCIÓN: Por primera vez, se define el concepto de seguridad según el Convenio de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.
- Con esta medida se blindan principios básicos como el de no discriminación y mínima injerencia en situaciones tan delicadas como la identificación de personas.

PROPORCIÓN: Las faltas más graves se tipificarán como delito y las más leves como sanciones administrativas.
- Las infracciones más graves son todas aquellas que atenten contra la seguridad de los ciudadanos, su derecho al honor, intimidad...

GARANTÍAS: Los padres serán responsables de los perjuicios o daños de los menores a su cargo, según recomienda el Defensor del Pueblo.
- Los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores en la vía pública, por ejemplo, lo que se amplía también a los convocantes de las manifestaciones.

CONVIVENCIA: Garantiza el ejercicio del derecho a la manifestación, poniendo fin a las actuaciones violentas que lo vulneran.
- El objetivo es acabar con la violencia que pone en peligro la seguridad de todos y la garantía de las libertades públicas.
- El único requisito para celebrar una manifestación se mantiene: comunicarlo a la administración correspondiente.

La doble vara de medir del PSOE:

Una vez más, el PSOE pone en evidencia sus incoherencias:
- Se oponen a la reforma de la ley en puntos que se mantienen invariables respecto a la ley que aprobaron en el 92.
- Critican la cuantía de las sanciones, cuando la Ley del Deporte que aprobó Zapatero preveía sanciones muy superiores (650.000) euros.
- Ahora piden la retirada de las concertinas instaladas en la valla de Melilla, cuando Zapatero adoptó una medida idéntica en 2005.