El Gobierno ha querido contar con el consenso de todas las fuerzas políticas, especialmente con el grupo principal de la oposición.
El compromiso es que las medidas entren en vigor en el menor tiempo posible, con tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.
Se pondrá especial atención a los procedimientos de desahucio más urgentes y vulnerables: aquellos en los que están implicados niños y ancianos.
Seis expertos, propuestos por el Gobierno y por el principal partido de la oposición, empezarán a trabajar en las medidas a partir del lunes.
Las medidas que se adopten no serán voluntarias, como ocurría en el caso del Código de Buenas Prácticas, sino que tendrán carácter obligatorio.
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