Gabriel Elorriaga denuncia que el BCE obligará a los bancos a repercutir el impuesto a la banca en los ciudadanos

Hoy, en el debate de la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito

Gabriel Elorriaga en el Congreso de los Diputados
Gabriel Elorriaga en el Congreso de los Diputados

El portavoz de Hacienda del GPP afirma que esta Proposición atenta contra principio de seguridad jurídica ya que, a través de las enmiendas anuncias, se pretende establecer nuevos impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por impuestos estatales a través de un procedimiento totalmente arbitrario

“El Gobierno empezó a subir los impuestos el mismo día de su llegada, sin pandemia y sin guerra en Ucrania”, asevera Elorriaga, quien añade que “para la izquierda subir impuestos y aumentar ilimitadamente el peso del Estado forma parte central de su ideología”

“Mientras los españoles se empobrecen día a día viendo cómo su capacidad de compra disminuye y los ingresos tributarios no paran de crecer”, señala que el “brutal” incremento de la presión fiscal no viene de los ricos y poderosos -como dice el Ejecutivo- , sino de los asalariados, que aportan el 80% de las bases imponibles del IRPF

Del mismo modo, asegura que los españoles soportan la imposición sobre el consumo principalmente, así como la carga derivada de las nuevas figuras tributarias, como indica el dictamen del Banco Central Europeo

“El Gobierno de España es el único gobierno europeo incapaz de devolver el PIB a los niveles previos a la pandemia, mientras que la renta per cápita queda congelada y la presión fiscal crece continuamente”, dice recordando que los españoles estamos sometidos a una presión fiscal equivalente a la de países europeos con una renta per cápita muy superior

Avanza que, antes de cerrase el plazo de enmiendas, el GPP reclamará que se celebren comparecencias con expertos y sectores afectados y solicitará un dictamen jurídico para evaluar la adecuación de esta Proposición de Ley al Reglamento 1854 del Consejo y, en general, a todo el ordenamiento jurídico comunitario