"Esta legislatura debe ser la de la recuperación económica y la de la regeneración democrática"

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, señaló hoy que tanto el PP como el Gobierno trabajarán para que "esta legislatura debe ser la de la recuperación económica pero también de la regeneración democrática".

En su intervención en el Campus FAES, el parlamentario popular y también ponente de la Ley de Transparencia señaló que dicha Ley "va a ser determinante" y añadió que "era una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, que va a llenar una laguna existente en nuestro ordenamiento jurídico".

"La ley de Transparencia es una de las medidas más importantes de regeneración democrática que, sin duda, mejorará la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y logrará una mayor cercanía con sus gobernantes", aseguró Bermúdez de Castro, quien afirmó que es "una Ley que marcará un antes y un después". "Una Ley de las que justifican una legislatura", añadió.

En su alocución en la mesa redonda La reforma de las instituciones democráticas, que estuvo moderada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, José María Castellá, Bermúdez de Castro estuvo acompañado por Fernando Román, secretario de Estado de Justicia, y por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Alfonso Santamaría, y en ella, el secretario general del GPP destacó que "la transparencia es un principio, un valor de fortalecimiento democrático".

En su opinión, esta es una Ley que va a cambiar el modelo de relación entre las Administraciones y los ciudadanos sobre la base de una nueva cultura: la cultura de la transparencia y la información. "Transparencia e información para que los ciudadanos pueden conocer en qué se gasta el dinero de sus impuestos y esto ayudará a superar este clima de desconfianza en el que estamos inmersos", manifestó.

Para Bermúdez de Castro "es una Ley donde se recogen también los principios de buen gobierno que deben marcar la actuación de todos los gobernantes y se trata de que los principios de austeridad, eficacia, responsabilidad, ejemplaridad y rigor se trasladen a la gestión de los recursos públicos".

"Incorporaremos sanciones en caso de incumplimiento que pueden llegar hasta destitución del cargo e incluso inhabilitación para el ejercicio de cargo público", apuntó Bermúdez de Castro, quien subrayó que "es una Ley de autoexigencia para que todos nos veamos finalmente reconocidos en ella".

Por último, el secretario general del Grupo Popular manifestó su disposición por lograr el mayor consenso posible porque esta Ley "debe ser una Ley de todos porque nos afecta a todos" y confió en lograr "un buen texto final".

"Una lacra con efectos demoledores en la política" 
Por otro lado, el dirigente popular aseveró que "la corrupción es una lacra que tiene efectos demoledores sobre el prestigio de la política y del propio sistema", como muestra la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas hecha pública ayer, que la sitúa como segunda preocupación de los españoles.

"Somos los primeros en sentirnos insultados cuando descubrimos que en nuestra actividad hay personas que por sus actuaciones o comportamientos no merecen la confianza de la sociedad ni tampoco la nuestra", manifestó Bermúdez de Castro.

A su juicio, "son casos singulares y minoritarios" y consideró que "es injusto crear un falso o interesado clima de sospecha generalizada de la política, porque termina produciendo un efecto perverso e indeseable de que los ciudadanos no sepan distinguir entre políticos honrados y políticos corruptos".

Bermúdez de Castro remarcó que "contamos con una doble garantía: que las instituciones están funcionando, que la Justicia investiga, actúa, lava y limpia, aunque sería deseable que los hiciera con mayor rapidez y, la segunda que la Justicia es la garantía del esclarecimiento de la verdad sobre la base de la ley y la prueba para que ese tipo de comportamientos no queden impunes".

"Si la política ha decidido limpiarse a sí misma habrá que dar un margen de confianza para que lo haga, valorar las medidas para prevenir y combatir la corrupción y conseguir con ello una reconciliación entre ciudadanos y gobernantes", añadió.

Desafección de los ciudadanos hacia la política 
A juicio del secretario general del Grupo Popular, "la gravedad y duración de la crisis económica ha castigado de manera implacable a las familias españolas y esto ha generado un clima de desafección y distanciamiento de los ciudadanos hacia la política y tenemos que dar una respuesta".

"Pero" -aseguró Bermúdez de Castro- "en esta ocasión ha habido quien desde la radicalidad, y bajo la excusa de lograr una mayor participación, ha querido aprovechar esa comprensible desazón ciudadana para intentar desacreditar las instituciones y deslegitimar nuestro sistema de democracia representativa".

Así, el dirigente del PP advirtió que "no es una cuestión menor porque hemos visto que una minoría incrustada en esos movimientos han contado en ocasiones con la complicidad de algunos y la complacencia de otros".

En este sentido, afirmó que "más allá de protestar por la situación económica que atraviesa nuestro país, las protestas tenían como objetivo que la impugnación del sistema fuera ganando simpatías entre la población y que incluso la transgresión de la Ley pudiera llegar a ser considerada como una conducta socialmente aceptada".

"Participar en política no da derecho a sustituirla; porque la democracia nace con la libertad pero vive con la Ley; porque la democracia representativa, con sus imperfecciones, es el mejor sistema de control y legitimación del poder y, finalmente, el sistema no está en crisis y la democracia es inocente", aseveró el portavoz popular.

Finalmente, según Bermúdez de Castro, "nos corresponde arreglar lo que otros han estropeado, pero también adoptar medidas que fortalezcan nuestras instituciones y nuestra democracia". En este sentido, el secretario general del Grupo Popular recordó que el Gobierno traerá próximamente a la Cámara nuevas medidas legislativas, como la Ley de control de actividad económica de los partidos o el Estatuto del cargo público, y dotará al Tribunal de Cuentas de nuevos instrumentos para mejorar el control de la fiscalización de los partidos.