Declaración institucional del Partido Popular al inicio del juicio a los presos independentistas

Teodoro García Egea ha comparecido ante los medios de comunicación

Teodoro García Egea, durante su comparecencia ante los medios de comunicación.
Teodoro García Egea, durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

España es una nación de ciudadanos libres e iguales en la que nadie está por encima del ordenamiento jurídico.

Si este juicio empieza hoy es porque el Gobierno del PP lo denunció en septiembre de 2017. Sin aquello no estaríamos hoy aquí. Fue un Gobierno del PP el que impidió, con la ley en la mano pero con determinación y la legitimidad de la Constitución, que fructificasen los presuntos actos delictivos que hoy se juzgan.

Recordemos que los presos van a ser juzgados por el mayor ataque a nuestra Democracia que hemos vivido desde el 23-F. Un golpe al Estado en el que se ha pretendido romper el marco de convivencia de los españoles, destruyendo la Constitución y dejando a 7 millones de catalanes a merced de la arbitrariedad de unas instituciones que desbordaron sus funciones constitucionales.

El proceso que hoy comienza demuestra que el Estado de Derecho funciona en España. El rasgo GÉNOVA 13, 28004 Madrid · [email protected] ·Telf: (91) 557 73 58 /59 @prensapp @ppopular Partido Popular fundamental del Estado de Derecho es que los poderes públicos también están sometidos a la Ley.

Defendemos la imparcialidad de la Justicia y respetamos la plena independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones, encomendadas por la Constitución y las leyes.

Rechazamos cualquier tipo de presión sobre el Poder Judicial que se pretenda ejercer. Por ello, el Partido Popular velará, en todas las instituciones en las que está presente, porque los jueces puedan trabajar con todas las garantías e independencia que les confiere la Constitución Española, rechazando todos los actos de presión, coacción o violencia que, sobre el Tribunal Supremo, han emprendido los secesionistas.

Pedimos al Gobierno que garantice el normal funcionamiento del juicio, velando especialmente porque la sociedad española no sea víctima del chantaje al que los independentistas quieren someterla.

Exigimos también al Gobierno que no interfiera en las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo negociando pactos o acuerdos secretos que desnaturalicen las actuaciones de la justicia.

Recordemos que hace una semana el Gobierno de Pedro Sánchez anunció mediadores para negociar con el independentismo. De momento, y gracias a la presión e indignación popular, parece que lo han parado. Pero estaremos vigilantes para prevenir que se den nuevos pasos dirigidos a colocar al TS en una situación comprometida.

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