Bermúdez de Castro: "Hemos escuchado a los ciudadanos y nuestra respuesta es el firme compromiso con la transparencia y la ejemplaridad"

El secretario general del GPP señala que "no podemos cambiar el pasado pero sí legislar para que determinados comportamientos no se vuelvan a reproducir en el futuro"

Recuerda que las subvenciones públicas a los partidos se han rebajado en un 40%, ajuste consolidado en esta Ley, y que en el futuro la financiación pública de los partidos quedará ligada al gasto social.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, afirmó hoy que con el Proyecto de Ley de Control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, "el mensaje que queremos trasladar a los ciudadanos es que les hemos escuchado, hemos reaccionado y que nuestra respuesta es nuestro firme compromiso con la transparencia, la ejemplaridad y con la intransigencia ante cualquier atisbo de indignidad en la vida pública".

En este sentido, Bermúdez de Castro destacó que la Ley introduce nuevos mecanismos "para que los partidos seamos cada día más austeros, más transparentes y ejemplares". "No podemos cambiar el pasado pero sí legislar para que determinados comportamientos no se vuelvan a reproducir en el futuro".

Además, añadió que la Ley introduce también otros mecanismos "de prevención, de control, de vigilancia, de fiscalización y rendición de cuentas de los partidos y sus fundaciones". "La Ley hace que ganemos en credibilidad, pero también sirve para que en el futuro las conductas irregulares tengan muy difícil encaje en la vida pública", subrayó.

En su intervención en el debate de la Ponencia de dicha Ley, Bermúdez de Castro reiteró la necesidad de esta norma "porque la corrupción supone siempre una quiebra en los principios cívicos, éticos y legales pero también porque cuando a los comportamientos irregulares se les ponen apellidos y tienen naturaleza política, supone además una quiebra del principio de confianza, que es la base del mandato representativo".

"Si creemos en el Estado de Derecho, no extendamos la responsabilidad más allá de quien la tiene porque de lo contrario estaríamos yendo contra los más elementales principios de nuestra democracia". "Del daño responden siempre los culpables, nunca los inocentes", aseveró.

Así, el dirigente popular apostó por "librar una lucha sin cuartel y abrir una etapa de tolerancia cero contra los comportamientos irregulares que hemos sufrido y que minan el crédito de la política y que tanto daño han hecho a la confianza del sistema y las instituciones".

En su opinión, "fortalecer el sistema y dignificar la política pasa por despreciar y combatir a los corruptos, pero también por respetar los principios de nuestro Estado de Derecho".

Proyecto de Regeneración
Asimismo, Bermúdez de Castro indicó que se trata de "una norma que forma parte del proyecto de regeneración y lucha contra la corrupción que el Gobierno remitió a las Cortes y que se ha dividido en varias propuestas legislativas con 70 medidas que en su conjunto conforman el plan más ambicioso, más completo y eficaz en favor de la regeneración democrática en respuesta a la desafección ciudadana y, de manera especial, en la lucha contra la corrupción política".

"Algunos —dijo— no comparten ese camino y esa visión y más que corregir esa desafección quieren aprovecharse de ella y, utilizando mensajes tan destructivos como populistas, lo que persiguen es que la descalificación de los partidos y de la política y que la deslegitimación del sistema vaya ganando simpatías entre la población, todo ello en una clara estrategia para intentar alcanzar el poder".

En su opinión, "regenerar y fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones".

También destacó que "el sistema está funcionando, la justicia está actuando, los casos de corrupción se conocen y se juzgan y eso es muy positivo porque la peor corrupción es la que no se conoce, la que no se descubre y la que queda impune".

Para Bermúdez de Castro, "que estos casos estén en manos de la Justicia lo que nos tiene que dar es a todos tranquilidad y dar tranquilidad a los ciudadanos, porque la Justicia es la garantía del esclarecimiento de la verdad, eso sí, en base a la prueba y a la ley tal y como establece nuestro Estado de Derecho".

Igualmente, el secretario general del GPP señaló que "durante las cinco sesiones de Ponencia hemos trabajado bien y hemos conseguido un consenso muy importante habiendo incorporado, bien directamente o bien por vía de transacción, más del sesenta por ciento de las enmiendas de los grupos parlamentarios".

Por ello, consideró que "se ha mejorado y enriquecido entre todos el contenido de la ley" y agradeció el trabajo de todos los ponentes. "Un trabajo —dijo— que ha llevado a alcanzar un acuerdo muy amplio en relación al contenido de la Ley aunque a algunos, y yo lo lamento, parece que a última hora les ha vuelto a entrar vértigo al consenso y por razones difícilmente explicables, han decidido en el día de hoy abstenerse". "Esta ya es una ley de todos y sobre todo es una ley de autoexigencia para que todos, especialmente los ciudadanos, nos veamos reconocidos en ella", subrayó.

Medidas importantes de la ley
Respecto a las medidas más importantes que contiene la Ley, el dirigente popular destacó que "se incrementan los controles y los deberes de rendición de cuentas de los partidos y sus fundaciones estableciendo nuevos límites y nuevas prohibiciones". En este sentido, explicó que "a partir de ahora estarán prohibidas las condonaciones de deuda de las entidades de crédito a los partidos, cuestión que alarmaba y ofendía a gran parte de la sociedad".

Además, añadió que "se establece el deber de todos los partidos, reciban o no subvenciones, de presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas y a devolver todas las donaciones recibidas indebidamente en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio".

"En cuanto a las fundaciones vinculadas directamente a los partidos políticos, se definen los presupuestos de dicha vinculación y deberán inscribirse en el registro de partidos políticos para poder acceder a subvenciones", subrayó Bermúdez de Castro, quien explicó que "se van a reforzar los mecanismos de fiscalización de las mismas".

Asimismo, el secretario general del GPP apostó por mantener "el modelo mixto de financiación de partidos, vía privada, procedente de afiliados y donaciones de ciudadanos, y una financiación pública que está sobradamente justificada por las importantes funciones públicas que la Constitución encomienda a los partidos".

"Si en estos años hemos pedido esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos lo lógico es que teníamos que ser los primeros en ser ejemplares, en ajustarnos el cinturón", apuntó. En este sentido, recordó que "en esta Legislatura las subvenciones públicas a los partidos se han rebajado en un 40% y en esta Ley consolidamos este ajuste para que nadie tenga la tentación de aumentarlo en un futuro".

"Además, vamos a ligar nuestra financiación, no al IPC ni al PIB, sino a un parámetro mucho más justo, a la variación anual del gasto total consolidado reflejado en los PGE, es decir, unir la variación de la financiación pública de los partidos con el gasto social", señaló.

"Si queremos recuperar nuestra credibilidad tenemos que ajustar nuestra financiación a la realidad de la calle, es la única manera de que los españoles se sientan identificados con nosotros y por ello también hemos aprovechando para disminuir en un 20% los gastos electorales en los envíos de publicidad y propaganda electoral", remarcó.

Por otro lado, Bermúdez de Castro indicó que "se ha definido de manera muy estricta y severa la tipificación de infracciones y sanciones elevando los plazos de prescripción para que de cualquier incumplimiento por parte de algún partido se derive siempre alguna sanción". "La corrupción es incompatible con la pertenencia y afiliación a un partido político", manifestó.

Finalmente, destacó que se "suspenderá temporalmente la afiliación de los que estén incursos en un procedimiento penal por delito de corrupción respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral y esta suspensión se convertirá en expulsión definitiva si tras el juicio sobre el afiliado cayera sentencia condenatoria".