Alicia García apoya a las empleadas del hogar pero exige al Gobierno que no elimine las ayudas a las familias numerosas

En el Pleno del Congreso

Alicia García durante su intervención.
Alicia García durante su intervención.

La portavoz de Derechos Sociales del GPP subraya que “el PP dice sí a más derechos laborales para las empleadas del hogar, sí a más ayudas a las familias y no a quitar las bonificaciones a las familias numerosas” que las contraten

Explica que apoya la norma para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, pero reclama su tramitación como proyecto de ley para incluir una enmienda que evite que se eliminen las ayudas a las familias numerosas

Señala que el Gobierno va a eliminar la bonificación a las familias numerosas del 45% de las cuotas a la Seguridad Social de las empleadas del hogar, aprobada por el PP. “¿Por qué recortan este derecho a las familias que más lo necesitan? ¿esta es su defensa de la conciliación y de la natalidad?”, pregunta al Gobierno

“No es el momento de recortar a quienes tienen más hijos”, asegura García, quien añade que tampoco es el momento de retroceder en la conciliación

Advierte de que “si se aumentan los costes a las familias habrá menos contratos, se reducirán las horas, habrá más economía sumergida, más contratos irregulares, y muchas mujeres renunciarán a trabajar y volverán a los cuidados en el hogar porque no les compense económicamente”

Indica que, tomando como referencia el salario mínimo anual, tener contratada una empleada del hogar le saldrá a una familia por valor de casi 18.000 euros al año. Si a esto se le suman los 567 euros de sobrecoste por la cesta de la compra para una familia con dos hijos, la vuelta al cole por valor de 400 euros por cada hijo y la subida media de las hipotecas de 1.400 euros al año, “no hay familia que lo aguante”

Destaca que “desde que gobierna Sánchez se han destruido 46.248 empleos del hogar porque las familias no pueden más”. También resalta que en este momento casi el 31% de estas trabajadoras forman parte de la economía sumergida • Subraya que el Gobierno ha adoptado esta medida porque se ha visto obligado a cumplir la sentencia europea del Tribunal de Justicia Europeo