Subraya que "quiero que la misma eficiencia que tenemos para cobrar los impuestos a los ciudadanos, sea la que tengamos para dar a los ciudadanos la justicia que nos están reclamando".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que "podrán cambiar las funciones que haga cada juzgado en España, porque la división será provincial, pero adquiero el compromiso de que la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial no cerrará un solo juzgado en España. Serán los Tribunales Superiores de Justicia, de acuerdo con las CCAA con competencias transferidas, las que especifiquen las funciones de cada juzgado".
Durante su intervención en el diálogo La Reforma de la Justicia, moderada por el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales, José Ramón García-Hernández, el ministro ha señalado que "gobiernos anteriores al nuestro dedicaron recursos muy importantes a reformar la Administración pero no consiguieron ningún efecto. Lo que falla no es el recurso, sino el modelo. No podemos tener un modelo anclado en el siglo XIX que es lo que en estos momentos tenemos en España".
Por ello, Ruiz-Gallardón ha avanzado que durante el próximo mes, y después de dos años de trabajo, "el Gobierno va a aprobar el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que va a ser una transformación absoluta del modelo de justicia en España, donde vamos a ir a un criterio de especialización de nuestros jueces desde que comienzan la carrera judicial, en su trabajo conjunto y de la puesta en marcha definitiva de la oficina judicial y del expediente judicial electrónico". "Quiero que la misma eficiencia que tenemos para cobrar los impuestos a los ciudadanos, sea la que tengamos para dar a los ciudadanos la justicia que nos están reclamando", ha insistido.
"El juez democrático es el que aplica exactamente la ley"
El ministro ha explicado que, "cuando el presidente Rajoy constituyó su Gobierno, a todos los ministros nos dio una prioridad: salir de la crisis y crear empleo en España. La reforma que estamos haciendo de la Justicia es para que en este país se cree riqueza, empleo y consigamos acabar con el principal enemigo que tenemos en nuestro país que es el paro".
De otro lado, el ministro ha explicado que "el juez democrático es un juez que, acatando el estado de derecho, aplica exactamente, le guste o no, la norma o la ley que democráticamente se ha aprobado en el Parlamento que representa a los ciudadanos, que son los que pueden aprobar las leyes. Eso es lo que necesitamos en España, que aquello que dicen los ciudadanos a través de sus representantes sea lo que se ejecute y no cosa distinta".
Prisión permanente revisable
En referencia a la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, Ruiz-Gallardón ha afirmado que "la culpa de lo que ha pasado en España no la tienen los jueces, que no tenían más alternativa que aplicar la sentencia, sino quien durante más de diez años se negó en el Parlamento, frente a las reiteradas peticiones de entonces Alianza Popular y luego Partido Popular, de modificar nuestro Código Penal para acabar con esos beneficios penitenciarios y exigir que tuviesen el cumplimiento íntegro de las penas".
En este sentido, el ministro ha señalado que "los jueces no tienen más alternativa que aplicar las leyes que aprueba el legislador. Por eso, una de las cosas de las que podemos estar más orgullosos en el Partido Popular es que, con la reforma que se está tramitando en el Congreso del Código Penal, esa vergüenza que hemos tenido en España nunca más pasará porque todos los delitos de terrorismo tendrán ya, y para siempre, prisión permanente y revisable en nuestro país".
Lucha por los derechos fundamentales
Por último, Ruiz-Gallardón se ha referido a la próxima ley del aborto, y ha explicado que "este partido ha hecho mucho por los derechos fundamentales. Aquí no estamos hablando de un tema de moral, ni de conveniencia electoral, sino de la defensa de los derechos fundamentales. Este partido tiene que estar orgulloso de ser auténticamente el único que verdaderamente ha hecho del auténtico progreso, que es la defensa del más débil, una bandera por encima de encuestas, de conveniencias y de cualquier interés particular".
"Esa regulación de ese derecho fundamental que es la vida, como es el de la mujer embarazada, lo vamos a hacer nosotros, los compañeros del PP, entre nosotros estudiando, hablando y acordando, como siempre hemos hecho las cosas en este partido, todo aquello que proponemos a la sociedad. Tenéis mi palabra y mi compromiso personal de que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente del Gobierno y, a través de él, con todos vosotros de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer pero también de los concebidos y no nacidos", ha concluido.