217 medidas para una histórica Reforma de la Administración Pública

Todas las Administraciones trabajarán bajo los principios de transparencia y sostenibilidad financiera:
- Racionalización del sector público, eliminando duplicidades: la creación y mantenimiento de empresas y fundaciones públicas deberá estar plenamente justificada: se sabrá quién hace qué, y con qué medios, y 57 organismos estatales se suprimirán, fusionarán o compartirán medios.
- Coordinación entre Administraciones: el objetivo es compartir medios, información y equipos, potenciando programas y planes conjuntos.
- Centralización de servicios: la reforma propone la asunción de funciones de organismos autonómicos por los entes estatales: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Instituto Geográfico Nacional o Agencia Estatal de Meteorología, entre otros.

La eficiencia se convertirá en el principio rector de la gestión del sector público:
- Control exhaustivo del gasto de los recursos públicos: los gastos en bienes y servicios se estimarán en función de las necesidades reales de la Administración.
- Gestión de servicios comunes: se potenciará que la Administración contrate servicios, como medios informáticos o inmuebles, conjuntamente para ahorrar.
- Auditoría de productividad y eficiencia: se iniciarán métodos de evaluación de la actividad del conjunto de las entidades públicas adaptados a sus características, para medir su eficiencia y proponer mejoras.

La Administración estará al servicio de los ciudadanos y empresas y será un activo que contribuya al progreso social y a la competitividad:
- Simplificación: se simplificará el ordenamiento jurídico con grandes proyectos de Codificación del Derecho, garantizando la seguridad jurídica.
- Agilidad: Los procesos administrativos serán más ágiles y sencillos, por ejemplo los aduaneros, con una Ventanilla Única para el comercio exterior.
- Modernización: Los ciudadanos podrán relacionarse con la Administración a través de Internet, en la mayoría de trámites: como la factura electrónica.