29/05/2009 a las 11:05:43h
imprimir enviar por email rectificar Comentar Valoración:Gracias por votar 6 El Gobierno agiliza el voto de un millón de inmigrantes para las próximas municipales La oposición sospecha que quiere compensar «su bajón electoral en grandes ciudades», sobre todo en Madrid Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Una carrera de cinco meses para que puedan votar en las municipales Convenios autorizados por el Consejo de Ministros y número de residentes en España: Ecuador: 427.718 Colombia: 284.581 Argentina: 147.382 Perú: 121.932 Paraguay: 67.403 Chile: 46.068 Cabo Verde: 3.329 Islandia: 1.243 Todos estos convenios están a la espera de su aprobación por el Parlamento y la mayoría ya han sido firmados por el ministro de Asuntos Exteriores. Próximos convenios que están previstos autorizar en junio: República de Corea: 2.765 residentes en España Nueva Zelanda: 720 Convenios pendientes de cerrar: Bolivia: 242.496 Venezuela: 58.317 Uruguay: 50.544 Estos acuerdos están a la espera de informes internos de las administraciones y organismos electorales, antes de entrar en la redacción de los textos. Nuevos países con los que el Gobierno quiere alcanzar acuerdos: Marruecos Argelia República Dominicana Brasil El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, aseguró el martes en el Congreso de los Diputados que aspira a que estos países reconozcan el voto de los españoles en sus elecciones municipales, para así poder aplicar el régimen de reciprocidad. PALOMA CERVILLA | MADRID El Gobierno de Zapatero tiene mucha prisa por regularizar la situación de los inmigrantes extracomunitarios de 15 países (Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, República de Corea, Nueva Zelanda, Bolivia, Uruguay y Venezuela), con los que España puede aplicar el principio de reciprocidad, para que puedan votar en las elecciones municipales. Y tanta prisa tiene, que no ha esperado a alcanzar un consenso en la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley Electoral -como se comprometió la vicepresidenta- y, desde principios de año, ha autorizado ya la firma de doce convenios (con Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay) estando previsto autorizar dos más en junio (con la República de Corea y Nueva Zelanda). Quedan pendientes otros tres con Bolivia, Uruguay y Venezuela. Inyección al padrón Una inyección al padrón municipal de 1.472.423 ciudadanos, de los que 1.100.000 son mayores de edad y con derecho a voto. Un número de votantes que puede desequilibrar el resultado final de unas elecciones y cuya regularización para poder votar ha sido, según las fuentes parlamentarias consultadas por ABC, una de las prioridades del Gobierno, «a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El PSOE retrocede de forma imparable en las grandes ciudades y presuponen que una parte importante del voto inmigrante puede apoyarle. Fundamentalmente en Madrid, donde es su única esperanza». Estas prisas han llevado al Gobierno a pasar por alto los trabajos de una Subcomisión, que tenía que consensuar unos criterios de reciprocidad a los que alude el artículo 13.2 de la Constitución. Así lo afirmó Fernández de la Vega en una comparecencia del 30 de julio de 2008, cuando aseguró que «el reconocimiento a los extranjeros residentes de este derecho al voto debe hacerse con observancia de los criterios de reciprocidad. No consta sentencia del Tribunal Constitucional que haya precisado que ha de entenderse por criterios de reciprocidad. Nosotros estamos dispuestos a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen». De estas palabras nunca más se supo y el malestar entre los miembros de la Subcomisión crece por días, ya que el Parlamento deberá dar el visto bueno a unos acuerdos aprobados de espaldas a la Subcomisión. El Gobierno, según las fuentes consultadas, ha fijado de forma unilateral los criterios de reciprocidad.Los países elegidos son aquellos que ya reconocían el derecho a voto a los ciudadanos españoles residentes en su territorio. Para votar en España se exigen tres requisitos: haber residido legalmente en España de manera ininterrumpida durante cinco años anteriores a las elecciones; estar inscrito en el padrón municipal y solicitar la inscripción en el censo electoral de extranjeros. A esta inyección electoral hay que sumar los entre 500.000 y un millón de votantes que podrán hacerlo a través de la Ley de Memoria Histórica, al permitir la doble nacionalidad para hijos y nietos de exiliados. Se puede hacer algo legal para evitar esto?? es un robo, a todos los españoles de decidir a kien keremos en nuestros ayuntamientos..