La aplicación de leyes actualizadas y eficaces, junto con la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los instrumentos a través de los cuales el Estado de Derecho garantiza esta seguridad. Su potenciación y modernización son vitales para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La seguridad representa un bien de todos al que deben contribuir en perfecta colaboración y coordinación todas las Administraciones Públicas.

Aplicaremos una política de máxima firmeza contra la delincuencia, y fortaleceremos al Estado de Derecho en todos sus ámbitos para reducir drásticamente las tasas de criminalidad y hacer frente a los nuevos fenómenos delictivos.

Adoptaremos todos los planes y las medidas que se requieran dentro de una estrategia de seguridad integral y coordinada para todo el territorio nacional, tanto en la prevención como en la investigación del delito.

Aumentaremos el número de policías y su presencia en las calles, así como el despliegue de la Guardia Civil, poniendo el acento en los robos en viviendas y comercios, y en los pequeños delitos cometidos en la calle.

Combatiremos con ahínco la delincuencia organizada y violenta, incluido el tráfico de seres humanos, el narcotráfico, los delitos contra el patrimonio en domicilios, comercios o polígonos industriales, la piratería tecnológica, industrial o intelectual, y el blanqueo de capitales y delincuencia económica.

Reforzaremos de forma efectiva la protección a las personas amenazadas por la violencia de género.

Desarrollaremos un mayor control de nuestras fronteras para evitar la masiva entrada ilegal y restableceremos el control sobre los flujos migratorios que acceden a nuestro país.

Combatiremos con la máxima determinación cualquier expresión de racismo o xenofobia que pueda surgir en nuestra sociedad.