El pasado 28 de junio el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Sentencia tiene nada menos que 683 páginas y 193los cinco votos particulares. El volumen de la misma, asusta.

Sin duda es una de las sentencias más -sino la más- relevantes de las emitidas por el Tribunal Constitucional, que toca aspectos de enorme importancia y muy sensibles para parte importante de la población española, resida ésta donde resida.

Por la trascendencia de la misma, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles no la van a leer, y por lo tanto no juzgarán por ellos mismos sino por la opinión que les trasmitan terceros, es un ejercicio de responsabilidad que la opinión que se de sobre la sentencia sea lo más formada posible.

Sobre un tema tan complejo, tan delicado, sería deseable que los pronunciamientos estuvieran perfectamente fundados sobre la base de lo que la sentencia dice, y que no fueran alegres opiniones basadas más en el estado de ánimo que se quiere crear en la opinión pública que sobre un conocimiento profundo de su contenido.

Pero esto es sólo un deseo, "wishful thinking" que dicen los británicos. Podrían hacerse apuestas sobre cuantos políticos , tertulianos y comentaristas que en estos días han hecho afirmaciones nada conciliadoras y menos aún integradoras, la han leído; aunque sólo sea parcialmente.

Y lo más grave es que algunos están cuestionando la legitimidad del Tribunal Constitucional para decidir si una norma jurídica, cualquiera que sea su rango vulnera la Constitución. Y todo ello, sin saberse tomado la mínima molestia por saber por qué se ha pronunciado y en los términos en que se ha pronunciado.

Cuando desde los poderes públicos se alienta la insumisión frente a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se está quebrando una de las bases del Estado de Derecho; cuando el Presidente del Gobierno está dispuesto a buscar triquiñuelas legales para no cumplir el fallo de nuestro más alto Tribunal, está vulnerando, una vez más, la promesa que hizo ante su Majestad el Rey de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Promesa que en su toma de posesión formuló por su conciencia y por su honor.



Ello es de suma gravedad.