El Tribunal de Cuentas, cuya finalidad es analizar la gestión económica del Estado y de las diferentes Administraciones públicas, anunció el pasado mes de octubre la existencia de irregularidades en determinadas contrataciones y subvenciones otorgadas por el Ejecutivo aragonés durante los años 2005 y 2006. De hecho, y por vez primera en Aragón, el Tribunal puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si resultaran constitutivos de delito.

Hace apenas una semana, un informe del mismo organismo fiscalizador también confirmaba la existencia de más irregularidades, esta vez en el Ayuntamiento de Zaragoza, en diferentes adjudicaciones realizadas para la Expo 2008.

Resulta inquietante para los ciudadanos que cualquier Administración esté bajo sospecha pero más alarmante todavía es que quienes las presiden, como es en el caso concreto del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, cuestionen la independencia o solvencia de los miembros que conforman el Tribunal de Cuentas. Suena a broma pero, para los socialistas de esta Comunidad Autónoma, las denuncias formuladas por el órgano fiscalizador estatal parecen estar más cercanas a una supuesta versión aragonesa de la 'teoría de la conspiración' que a la realidad de los hechos. Lo importante -siguiendo su argumento- no sería la legalidad o ilegalidad de los actos denunciados, sino quién denuncia esas irregularidades.

Merece la pena destacar que ni Gobierno de Aragón ni Ayuntamiento se Zaragoza han destacado durante estos últimos años por favorecer la transparencia en sus cuentas públicas. Es más, en el Partido Popular hemos denunciado en reiteradas ocasiones la manifiesta opacidad con la que se han manejado determinados recursos públicos.

Ahora el Tribunal de Cuentas ha puesto luz y taquígrafos sobre la gestión socialista de dos de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma, y ya ha avanzado algunos hechos y cifras que obligarían a unas necesarias explicaciones públicas de quienes las presiden.