La creación de empleo depende del crecimiento económico. Y este depende del consumo, de la inversión y de lo que se exporte al resto del mundo. Y el aumento del consumo depende fundamentalmente de dos cosas: de que se restaure la confianza y se restaure la renta disponible. Que haya más o menos confianza, en estos momentos -y dado el margen de maniobra de un gobierno autonómico, el que sea, también el de Canarias- depende poco de las autonomías. La restauración de la confianza tiene que ver hoy con decisiones de política económica nacional que, si bien no son competencia de la Comunidad Autónoma, en estos momentos sí que tienen un apoyo explícito por parte del Gobierno de Canarias a esas políticas. Mi compromiso con el empleo es exigir al gobierno central las reformas que en el ámbito de su competencia debe llevar a cabo para generar las condiciones necesarias para que las empresas inviertan.

La confianza general depende de factores que escapan al marco autonómico. Son cuestiones que tienen que ver con la legislación básica. No dependen de las comunidades autónomas: dependen del Estado, y si el Estado no cambia, poco puede hacerse desde una comunidad autónoma.

Son muchas las reformas que deberían hacerse para restaurar y recuperar la confianza, sobre todo dos reformas importantes: una, la laboral, y otra, la financiera, por supuesto. Hay una evidencia. Por más que se destinen recursos a las políticas activas de empleo por parte del gobierno de cualquier comunidad autónoma -también del Gobierno de Canarias-, esas políticas serán, simplemente, en tiempos de recesión, inútiles si no hay un marco laboral que permita a los empresarios impulsar el empleo en vez de impulsar el despido. Por tanto, hace falta una reforma laboral que, a día de hoy no se ha hecho, y la que se ha hecho se ha hecho parcheando; ahí tenemos los resultados en términos de empleo.

Segunda gran reforma, entre otras: la reforma del sistema financiero, los bancos y las cajas. La primera fase de la reforma del sistema financiero tuvo lugar hace más de un año cuando se constituyó el Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria, el famoso FROB. En el Congreso de los Diputados, todas las fuerzas políticas apoyaron, apoyamos de manera unánime al Gobierno. Había una herramienta para canalizar recursos públicos, es verdad que en forma de préstamos, para sanear los balances de las entidades financieras y que estas pudieran cumplir con la sagrada misión que tiene una entidad en una economía de mercado: dar préstamos, canalizar recursos, dar créditos a las familias para consumir, a las empresas para invertir. ¿Qué ha ocurrido más de un año después? Pues que esos fondos que algunas entidades financieras ya han tomado en préstamo para reestructurar sus balances se están destinando no a dar créditos, sino a financiar jubilaciones anticipadas de directivos que han cumplido apenas 55 años y que, a la postre, resulta que se están llevando la mayor parte de esa ayuda del FROB. Creemos, simplemente, que esa reforma financiera no es la que necesita España, no es la que necesita Canarias. La reforma financiera que necesita Canarias es una reforma que permita a bancos y cajas -las que queden después de todo el proceso de reestructuración, algunas se convertirán en bancos-, que permitan canalizar créditos, préstamos, recursos a los autónomos y a las empresas.

Hacer reformas significa muchas cosas. Significa tener claro que hay que hacerlas, voluntad de hacerlas. Hacerlas con convicción y hacerlas en la correcta dirección. Esas reformas estructurales, dependen en escasa medida de las comunidades autónomas; dependen en gran medida del Estado. Ahora bien, si un gobierno de una comunidad autónoma facilita al Gobierno central que no se hagan; si un gobierno de una comunidad autónoma apoya esas reformas cuando se hacen incorrectamente; si un gobierno de una comunidad autónoma permite que salten por los aires consensos como el de las pensiones; si un gobierno de una comunidad autónoma da su voto para que se congelen las pensiones de los más débiles; y si un gobierno de una comunidad autónoma apoya al Gobierno central para que siga con una política económica que genera paro masivo, en toda España y también en Canarias, ese gobierno de esa comunidad autónoma desde luego no es el responsable de la ejecución de esa política, pero desde luego es un colaborador necesario.

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