Las recientes excarcelaciones de presos políticos cubanos pertenecientes al grupo de los 75 condenados en los juicios sumarísimos que siguieron a la primavera negra de 2003 son una gran noticia, pero no debiera confundirnos a los demócratas y debiera ser analizada con algunas cautelas.

1. La excarcelación de los presos políticos se está materializando en unas condiciones todavía confusas. No hay una amnistía ni una liberación total de los prisioneros y su eventual regreso a Cuba está condicionado a una futura autorización del Gobierno.

2. No se sabe todavía cuál será el destino de los prisioneros que como el Dr. Óscar Elías Biscet han decidido quedarse en su país. De momento siguen en prisión.

3. Aun cuando se procediera a la excarcelación definitiva de todos los presos políticos de Cuba, no hay que olvidar que esta medida ya ha sido utilizada en ocasiones por el régimen en función de su exclusivo interés propagandístico y nunca ha supuesto la apertura real a las reformas democráticas.

4. La ley 88, de protección de la independencia nacional, más conocida como ley mordaza, por la que fueron condenados los prisioneros políticos por delitos vinculados con la libertad de expresión y de asociación, sigue vigente, al igual que la legislación sobre peligrosidad social, incluida en el Código Penal, y pueden ser utilizadas en cualquier momento por el Gobierno cubano.

Si en las próximas semanas no se disipan estas dudas y no da comienzo un verdadero proceso de reformas políticas en Cuba habrá que concluir que el optimismo del ministro Moratinos es infundado y estamos ante otra maniobra del Gobierno cubano destinada a ganar tiempo y sortear la creciente presión internacional provocada por la muerte de Orlando Zapata, la huelga de Guillermo Fariñas y la labor histórica de las Damas de Blanco.

En el Partido Popular seguimos creyendo que el objetivo principal de la Posición Común, "favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano..." sigue vigente en tanto no haya una constancia de voluntad de cambio por parte cubana.

Si estos cambios se producen, la Unión Europea podría explorar un nuevo marco de relaciones con Cuba, manteniendo siempre vigentes los objetivos señalados por la Posición Común. Mientras esto no ocurra, es necesario verificar este proceso de excarcelaciones para evitar que toda la operación consista en sustituir prisión por destierro. El Parlamento Europeo, en el marco de las competencias que le reconoce el Tratado de Lisboa, debería ejercer el liderazgo de ese proceso de verificación internacional. Sería recomendable que para ello recabe el testimonio de los disidentes liberados recientemente, tal y como ha solicitado Julio César Gálvez, a su llegada a Madrid.

La Unión Europea debe apoyar el diálogo abierto entre cubanos a través de la Iglesia católica, y al mismo tiempo permanecer vigilante para que este diálogo fructifique y no quede en una maniobra de distracción para ganar tiempo y dividir a la oposición cubana. Para ello, la Posición Común sigue siendo el instrumento más útil en tanto no se aprecien pasos decididos hacia la reforma por parte del Gobierno cubano.

No encontramos admisibles los argumentos del ministro Moratinos a favor de modificar la Posición Común en estos momentos. Son un alarde de voluntarismo y de precipitación que no se merece la dictadura más antigua del mundo. Para evitar confusiones, inocentes o interesadas, ante las excarcelaciones, lo mejor es dejarse guiar por la claridad moral del líder opositor Oswaldo Payá: "Yo no defiendo la Posición Común, es la Posición Común la que defiende nuestros derechos".