Los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones han ampliado el horizonte vital de las personas, pero también la capacidad del Estado para controlar y vigilar la vida privada de esas mismas personas. Sostiene mi maestro que, si hace diez años nos hubieran exigido ponernos un chip detrás de la oreja para que el gobierno sepa en todo momento dónde estamos y, si lo necesita, pueda vernos y escucharnos, habríamos buscado en los trasteros los fusiles africanos de nuestros abuelos para empezar la revolución, pero si ese chip nos lo dan en un teléfono móvil nos lo instalamos nosotros solos con la alegría con la que un orangután se pasa una navaja de afeitar. Incluso competimos por llevar el modelo más moderno y, por lo tanto, con más posibilidades para espiarnos.

         Cuando Orwell describe la Edad del Gran Hermano, cuenta que siempre hay unos ojos que te contemplan y unos oídos que te escuchan, despierto o dormido, en casa o en la calle, hasta el punto que "nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo". Hoy, tal pesadilla es casi mecánicamente posible y lo único que puede protegernos del dominio que las nuevas tecnologías facilitan al poder es nuestra Constitución y nuestras leyes. Se trata de un viejo remedio democrático contra los vicios eternos de la autoridad administrativa; reforcemos la armadura jurídica del ciudadano frente a la curiosidad de los faraones ahora que las paredes de nuestro pensamiento empiezan a transparentarse.

         Hay quien piensa que la verdadera libertad nace de la seguridad que da la esclavitud; quien defiende que retroceder en el derecho a la intimidad de las comunicaciones es indispensable en la lucha contra el terrorismo o contra el narcotráfico. Sin embargo, aunque aceptásemos universalizar una idea tan escuálida de libertad frente al Estado, necesitaríamos leyes defensivas porque el hambre de control del poderoso resulta insaciable. Las leyes son las murallas del pueblo ante la injusticia, el abuso o la improvisación del hombre que ejerce el poder. Por eso, propongo que empecemos a pensar seriamente en normas que fijen los límites que el Estado no puede traspasar en lo relativo a la vida privada de los ciudadanos, su intimidad y su libertad individual, ya que tecnológicamente no hay quien lo pare.

         La fuerza pública está utilizando hoy en día, para las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez, una aplicación informática que permite interceptar no sólo las conversaciones entre personas sino también acceder a todo un conjunto de datos conocidos en el argot policial como "información asociada a la comunicación". Dicha información incluye, entre otras cosas: identidad de los interlocutores, datos personales y bancarios y memoria de llamadas del interlocutor no investigado, localización del teléfono investigado y también del teléfono del interlocutor no investigado (incluso aunque no estén operativos), mensajes de texto, fotografías y archivos sonoros enviados y recibidos, correo electrónico y todo tipo de información derivada de la navegación por Internet. En otras palabras, no se interceptan sólo las comunicaciones, sino que se puede hacer un perfil psicológico y biográfico de la persona investigada y de cuantos se hayan puesto en contacto con ella. Y no es el futuro, más bien es el pasado de un mundo nuevo que lleva tiempo enunciando sus particulares problemas políticos.

        La intimidad es la sangre que circula por las venas de la libertad individual, sin intimidad no hay ser humano que pueda decirse emancipado y sin secreto de sus comunicaciones no hay idea que pueda crecer circulando de boca en boca. La libertad vigilada es la tumba de la dignidad civil, aunque se justifique por el bien del orden público, y la muerte de la democracia también. Por eso, cuantos más ojos para vernos y más oídos para escucharnos tengan el Estado y los poderosos menos libres para vivir seremos los ciudadanos, los vecinos, los consumidores. Ahora aún podemos enseñar al gobierno a pedir permiso antes de entrar, mañana será tarde.