Ya hemos visto las consecuencias de la reunión de Montilla con Zapatero. El fin del president Montilla se precipita por 'fuego amigo'. No han tardado ni 24 horas en hacer pública la suspensión de cinco importantes obras en Cataluña por valor de 1200 millones de euros  y el aplazamiento de varias más, entre ellas la llegada del AVE al aeropuerto de Barcelona. El portavoz de la noticia ha sido el ministro de Fomento que menos ha invertido en infraestructuras de la historia de la democracia española, José Blanco, que, no sólo no aborda ningún proyecto de relieve, sino que anula proyectos iniciados y presupuestados antes de su llegada al ministerio.

Se ha esperado a tener bien entrado el mes de julio para concretar las infraestructuras afectadas y minimizar el impacto en la opinión pública. Esta operación culmina, aunque no finaliza, la operación de recorte social emprendida por Zapatero con el apoyo de sus socios de CiU. La federación de Artur Mas y Duran i Lleida ha sido crítica hacia el Gobierno con la boca pequeña y verdadero soporte de la política económica del Presidente con su apoyo a la reducción del déficit a través de la congelación de pensiones, el recorte salarial a los empleados públicos, la supresión del cheque-bebé, la pérdida de financiación de la ley de dependencia, entre otros recortes sociales.

Esta misma semana, CiU ha vuelto a dar apoyo lealmente a Zapatero con la aprobación del límite de gasto para los presupuestos de 2011. Han aprovechado la cortina de humo del estatut que tanto le interesa estirar a Montilla para que no se note que su Gobierno no está ni se le espera en la solución de los problemas verdaderos de los catalanes: paro, crisis económica, inmigración ilegal, seguridad, sanidad y educación.

No he visto proclamas sobre ataques a Cataluña, ni defensas encendidas de la dignidad de los catalanes, cuando hablamos de estas cuestiones. El tripartito y CiU, se envuelven en la senyera, o la estelada, cuando les conviene pero la dignidad verdadera de los catalanes se defiende al crear empleo, al salvaguardar el poder adquisitivo del millón doscientos mil pensionistas, al evitar los recortes salariales y sociales, al prestar unos servicios públicos de calidad.

La única garantía cambio y progreso para los catalanes se presenta en el  marco de una Cataluña constitucional, en la que se priorice una acción eficaz de gobierno hacia  las personas, hacia  las familias y hacia el crecimiento económico que devuelva el bienestar social.