Hoy he anunciado que los grupos municipales del PPC en toda Cataluña presentarán mociones en sus ayuntamientos, como ya ha hecho Alberto Fernández Díaz en Barcelona, para obligar a que se comuniquen a la Delegación del Gobierno, y a través de ellos a la policía, las presuntas situaciones de inmigración irregular que se detecten en los empadronamientos. Creemos que ésta es una medida urgente y necesaria. Asimismo, el PPC presentará una propuesta de resolución en el Parlament en la que pediremos al consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, que se dirija a todos los ayuntamientos para que cumplan estrictamente la ley y remitan los datos del padrón en la Delegación del Gobierno.

Aunque suene evidente, en los tiempos que corren no está de más recordar que es obligación de los ayuntamientos cumplir las leyes e informar si se tiene conocimiento de una posible ilegalidad y es obligación del Gobierno verificar la información y actuar en consecuencia.

En estos momentos es necesario dejar de lado la política del buenismo en materia de inmigración, es necesaria una política firme, valiente y decidida de lucha contra la inmigración ilegal porque nos perjudica a todos. En tiempos de crisis, los primeros afectados por la inmigración ilegal son los inmigrantes en situación regular. Me explico, en Cataluña actualmente hay 135.000 extranjeros regularizados en paro, un 22,4% del total de parados. Por lo tanto, la consolidación de la inmigración ilegal les perjudica, por las derivaciones en la economía sumergida, los problemas de marginalidad y de convivencia que se pueden generar.

En Cataluña,  el PPC es el único partido que siempre ha dicho lo mismo en materia de inmigración, ya sea en periodo electoral o no: consideramos la inmigración como un hecho extraordinariamente positivo, siempre que ésta sea legal e integrada y para ello es necesario que se cumplan las leyes y se controlen las fronteras y los flujos de inmigrantes .