Resulta difícil ignorar que el Estado del Bienestar se encuentra en un grave aprieto. En el caso español veo cinco causas fundamentales.

La primera y más importante es la propia crisis económica. El Estado del Bienestar es caro, y requiere de fuertes ingresos por parte de las Administraciones que lo sustentan. Caben fórmulas complementarias como la de los fondos de pensiones privados, o sistemas de gestión flexible como los conciertos, que pueden ser más eficaces, y por tanto más baratos. Pero en esencia la educación y la sanidad universales con unos niveles mínimos de calidad son servicios muy costosos, y eso por citar sólo dos de los pilares básicos del Estado del Bienestar. De manera que una economía débil produce un Estado del Bienestar limitado. Ahora bien, creo que el error sería resignarnos a la idea de que vamos a seguir siendo económicamente frágiles siempre, y que por tanto debemos desmontar el Estado del Bienestar. Éste sobrevivirá si somos capaces de encontrar el camino hacia una generación de riqueza intensa, por lo que, aun haciendo los ajustes necesarios en el sistema de prestaciones sociales, ésta debería ser nuestra primera prioridad: poner en marcha de nuevo el motor económico.

La segunda causa que explica la difícil situación del Estado del Bienestar obedece en apariencia a motivos estructurales, que en realidad remiten en muchos casos a la razón, la económica. Es el caso del envejecimiento de la población, debido a la mayor esperanza de vida y a la baja natalidad. Ésta última, en el fondo, y pese a ciertos aspectos culturales y de costumbres, obedece a la inseguridad económica. Es cierto que una inmigración ordenada puede paliar este problema demográfico, especialmente por lo que se refiere a la necesidad de mantener una población activa suficiente para mantener el sistema de pensiones, si bien debemos ser conscientes de que el modelo económico que hasta ahora se ha sustentado en aquélla, con un fuerte protagonismo de la construcción y los servicios, no va a ser suficiente para sacarnos de la crisis. También podemos considerar estructurales, pero ligadas igualmente a la recesión, la alta tasa de paro -que consume ahora mismo 35.000 millones de euros en prestaciones de desempleo-, la inestabilidad de los puestos de trabajo y la tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral -tenemos un insólito 45% de paro juvenil-, una economía sumergida probablemente superior al 20% del PIB -con la consiguiente fuga de recursos para el Estado-, así como las diversas modalidades de fraude fiscal.

La tercera dificultad, y no menor, procede de lo que podríamos considerar un precario reparto de responsabilidades a la hora de proveer los servicios que configuran el Estado del Bienestar. Porque ocurre que los niveles superiores de la Administración -la General y las autonómicas- han ido desentendiéndose de una serie de prestaciones que han terminado por ofrecer las otras Administraciones, las más cercanas al ciudadano: las locales. Surge así el problema de las llamadas competencias impropias, alrededor de un tercio de las que en la práctica están ejerciendo los ayuntamientos, y en virtud de las cuales los municipios se están haciendo cargo de servicios como la educación infantil, la promoción deportiva, la oferta cultural o incluso el mantenimiento de colegios. El Gobierno o bien ha sido incapaz o bien no ha tenido voluntad de cumplir su compromiso de legislatura, que ya era urgente cuando se formuló, de reformar el sistema de financiación local para hacer así real el mandato de la Constitución             -artículo 142- en virtud del cual los Ayuntamientos deben participar de los ingresos de las otras dos Administraciones.

Cuarto problema: deberíamos reflexionar acerca de la posibilidad de que nos hayamos dotado de un Estado del Bienestar de mediocre calidad o mal planteado. Un ejemplo: el sistema universitario español, grande y poco eficaz. En los últimos años, nuestro país ha sido capaz de llevar una facultad universitaria casi a la puerta de cada potencial alumno, pero en cambio no ha sabido situar a ninguna de sus Universidades entre las cien mejores del mundo. Hemos confundido, tal vez, cantidad con calidad, hasta el punto de que los indicadores educativos españoles -y no hablo ahora sólo de los niveles superiores- son anormalmente bajos, pues no se corresponden con los indicadores generales del país: siendo la décima potencia mundial, nuestra enseñanza ocupa el puesto número catorce, el penúltimo de los computados en el informe Pisa. Esto repercute necesariamente no sólo en la funcionalidad del Estado del Bienestar, sino en el vigor de la economía, pues la primera a menudo se constituye en un factor de competitividad para esta última. La clave está sin duda en racionalizar la oferta de servicios.

La quinta y última razón de la debilidad de nuestro Estado del Bienestar tiene que ver con la concepción extremadamente simple y superficial -por no decir irresponsable- que ha demostrado el actual Gobierno. Queriendo dotarse de un plus de legitimidad -y olvidando que el Estado del Bienestar tiene origen en gobiernos tanto de izquierda como de derecha-, ha confundido su estructura, consolidada por una experiencia histórica, con la improvisación de una serie de gastos asistenciales fugaces como el cheque-bebé o la desgravación de los 400 euros en el IRPF. Así ha conseguido convertir un superávit del 2% en un déficit del 11,2%. Esto, obviamente, pone en apuros al Estado del Bienestar, pero no porque éste esté intrínsecamente llamado a fracasar, sino porque el Gobierno desconoce en qué consiste. Con el daño social añadido de no tener en cuenta los niveles de renta de los beneficiarios, aplicando unas ayudas lineales y despreciando, en definitiva, la función redistribuidora del Estado del Bienestar, por razones de puro populismo electoral. La medida fiscal que ha decidido adoptar para recortar el déficit causado por esos errores -la subida del IVA- evidencia también esa misma insensibilidad.

(Continuará...)

Accede al Facebook de Alberto Ruiz-Gallardón