La proverbial sabiduría del pueblo español, que en absoluto constituye la nación ensimismada y enloquecida que quiere el tópico, vuelve a quedar de manifiesto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Lejos de endulzar la realidad, los graves problemas que acucian a nuestro país pesan en el sondeo como una sombra grave y consciente. Pero este realismo en la percepción de las dificultades, encabezadas por el paro y la situación económica, no empuja sin embargo a la ciudadanía por las sendas más o menos desesperadas u oportunistas que puedan discurrir al margen del sistema. Naturalmente, el porcentaje de personas poco satisfechas con el funcionamiento de la democracia española es relativamente alto -el 37,6%, frente a un 45,7% que se dice bastante satiefecho-, pero eso es síntoma de un espíritu sanamente crítico y exigente, más que de desafección, pues el contrato social y político que articula toda sociedad no está libre, afortunadamente, de ser objeto del mismo fondo de escepticismo que cualquier persona inteligente reserva para juzgar las cosas de este mundo.

La actitud más elocuente de los encuestados, que es la que inspira ahora este post, es la referida a la Constitución. También aquí reina la naturalidad, pues los españoles no pretenden arrogarse un dominio en profundidad de la misma, tal vez como autocrítica, tal vez como puro ejercicio de sinceridad, toda vez que sólo el 12,2% afirma conocerla bien. Eso no impide, sin embargo, que el resultado cotidiano que se desprende de nuestro sistema de convivencia no merezca la opinión favorable del 41,8% de los ciudadanos, lo cual no entraña conformismo, pues más de la mitad cree que habría que reformarla. Y aunque sí aparece un orden claro de aspectos que habrían de ser modificados -la Justicia, el sistema autonómico y el cumplimiento de los derechos sociales-, seguramente la discusión vendría en el momento en que entráramos en detalles.

Lo importante, en fin, es que para cuando llegue esa hora la lección que deja este barómetro es contundente. Porque el 76% de los españoles siente que "la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia" constituye hoy en día "un motivo de orgullo". En esto acaba, por tanto, todo un discurso político que en la epidermis del debate público había parecido abrumadoramente hegemónico durante las dos últimas legislaturas, y probablemente incluso la apuesta de un Gobierno enfermo de adanismo que consideró que la actual democracia era una especie de sucedáneo imperfecto que requería de una relectura de parte, por no decir de su intervención redentora. Pero resulta que después de todas las dudas trabajosamente suscitadas, para los españoles la transición no fue ni una claudicación, ni una renuncia, ni un proceso vigilado. Y si a veces pudo parecer esto último -porque sí es cierto que no se vio libre de múltiples amenazas-, queda claro en todo caso que la ciudadanía logró imponer su proyecto de libertad sobre esa posible coacción.

Por grandes que sean las dificultades, el pueblo español no es dado a las rupturas ni a las falsas soluciones demagógicas. Quiebra, pues, por su misma base, la estrategia política de quienes han pensado que tratando de dividir a la sociedad podrían construir un espacio político propio en el que habitar cómodamente durante muchos años. Probablemente, aquellos que promovieron esta táctica -bien pensado, llamarlo estrategia seguramente sea exagerado, por su muy corto alcance- no contaban con ese sentido común que, pese a las dificultades, o precisamente por ellas, a la sociedad española no le ha faltado nunca.

Es verdad que en estos siete años España podía haberse ahorrado una buena parte del padecimiento que ahora arrastra, si, en lugar de verse obligada a mirar al pasado, le hubieran animado a acometer las reformas que la globalización requería de nuestro aparato educativo y productivo. Pero esto es responsabilidad única de aquellos gobernantes que no hicieron coincidir su agenda con la de la ciudadanía. España podría estar hoy recuperándose de la crisis junto a los demás países europeos, y aunque el tiempo perdido en un proyecto temerario de división social no ha logrado erosionar en la percepción de los ciudadanos la legitimidad de nuestra democracia, sí hará que nos cueste el doble enderezar el rumbo.

Y, con todo, y como siempre ha hecho la sociedad española, también eso logrará.

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