La secesión de distintas partes de España, como un proyecto matizado en tiempos, procedimientos y tintes políticos diversos, está generosamente representada en nuestra vida institucional. La democracia española acoge en su seno incluso a aquellos que le niegan esa condición, o que, reconociéndola, pretenden aprovecharla para crear un contexto social y político distinto, alterando por vías más o menos pacíficas nuestro ordenamiento jurídico sobre la base de una previa fragmentación de la soberanía nacional. De Nafarroa Bai y los partidos que la integran a Esquerra Republicana de Catalunya, ésta es una realidad política evidente, y aunque no se coincida ni con su proyecto ni con sus argumentos, es preciso reconocer que está integrada por personas a quienes como reproche máximo podemos hacer el de no haber elegido como objeto de su actividad política una causa mejor que no dividiera a los españoles. No existe, pues, ningún déficit democrático como consecuencia de que un ciudadano no pueda llevar a las instituciones su particular apuesta política, incluso cuando ésta consiste en dar la espalda a los demás.

Por eso resulta futil cualquier invocación a la calidad de nuestra democracia ante el enésimo intento del entorno de ETA por infiltrarse en las instituciones. La llamada izquierda abertzale ya está presente en éstas, a través de aquellas siglas que no ofrecen amparo a los terroristas, de manera que ninguna aspiración política, por parcial que sea, queda fuera de la representación popular si recibe los votos precisos para ejercerla. Lo que la nueva formación con la que se ha presentado en sociedad el entorno de ETA trata de buscar es, en el más inocuo de los casos -y la experiencia no autoriza tanto optimismo-, una salida personal o de grupo a ese colectivo que tanto dolor ha infligido a la sociedad española, empezando por los propios vascos. Pero no hay razón para pensar que, ante el riesgo que entraña cualquier iniciativa procedente de ese entorno, la democracia tenga que buscarles ahora una salida de ninguna clase. Una vez asegurada la pluralidad -y ya hemos visto que ésta no corre peligro-, la única obligación del Estado de Derecho es protegerse a sí mismo, porque ése es el modo de proteger al conjunto de la ciudadanía.

No es extraño que la tibia declaración de rechazo de la violencia que este grupo formula de cara a la próxima cita electoral se proyecte, en todo caso, hacia el futuro, a la vez que les resulta absolutamente imposible condenar la violencia del pasado, que ha sido tanta y tan injustificada. Sería lo mismo que negarse a sí mismos, lo que han sido o han aprovechado, y me temo que ese ejercicio de exigencia interior sólo pueden hacerlo aquellos que humanamente acreditan la fibra moral suficiente como para no haber considerado nunca el beneficio político de un asesinato como una opción posible. Las mismas caras, el mismo doble lenguaje, la misma impostura de siempre: ésa es la representación poco convincente que estos días se nos está ofreciendo, por más que se busque algún nombre nuevo para vestir el adefesio.

Sería un error que el Estado de Derecho permitiera ahora regresar a las instituciones a quienes nunca debieron haberlas usurpado. Con una ETA contra las cuerdas, como consecuencia de la firmeza de la sociedad española durante muchos y muy dolorosos años, es una cuestión de justicia, de dignidad y de sentido práctico. La democracia no les debe nada.

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