El balance global de los años setenta en España justifica una más que razonable satisfacción. En el ecuador de la década, nuestro país empezó a dejar atrás un régimen autoritario que 36 años atrás se había impuesto por las armas para terminar homologándose por fin con el resto del mundo occidental como sociedad democrática, comprometida con las libertades y abierta a la comunidad internacional. Y con todo, hay sin embargo un punto negro del que debemos sentirnos profundamente insatisfechos: la suerte corrida por el pueblo saharaui.

En rigor, la democracia española no hizo sino heredar un legado envenenado de los últimos estertores del franquismo, cuando un gobierno desbordado se dejó intimidar por el golpe de mano que supuso la Marcha Verde. Pero el hecho de que la democracia no fuera culpable de aquella ignominia no ha eximido nunca a nuestro país de sus responsabilidades como potencia administradora de un territorio que jurídicamente no ha sido descolonizado, ni tampoco cambió en aquel momento el destino trágico de decenas de miles de personas que habían confiado en España y que vieron cómo ésta abdicaba de sus obligaciones. Porque seamos sinceros: salir corriendo de un territorio cuya población dependía de nuestra tutela, para dejarla a merced de dos ejércitos ocupantes -el marroquí y el de Mauritania, que luego renunció-, sin ninguna clase de garantía jurídica -pues los Acuerdos de Madrid carecen por completo de validez- no constituye precisamente un timbre de gloria, y desde luego no ha contribuido a aportar un solo gramo de prestigio a nuestro país. Lo mínimo que cabría pedir, pues, es que al menos nuestra reputación no se deteriore aún más a propósito de este penoso asunto.

Durante muchos años, los sucesivos gobiernos democráticos tuvieron clara esta necesidad, que a la vez es también un imperativo moral. Por eso nuestro país respaldó sin titubeos la postura que en 2003 quedó resumida en la resolución 1495 de Naciones Unidas que aboga por la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, y logró que la comunidad internacional asumiera una neutralidad activa que consistía en incentivar a las dos partes en conflicto hasta dar fin a éste. Nos manteníamos así en una actitud cuando menos digna, que no desmerecía de la demostrada por Portugal respecto al caso simétrico de Timor Oriental, invadido en 1975 por Indonesia, e independizado por fin en 2002 gracias a un referéndum de autodeterminación patrocinado por la ONU. Era, en fin, lo menos que podíamos hacer, después de haber abandonado una tierra de la que nos habíamos hecho responsables.

Invocar ahora intereses nacionales -que ciertamente existen, pero que pueden y deben ser defendidos por vías que no sean las del silencio cómplice-, justificando un tono prácticamente inaudible ante la represión de los saharauis, constituye un ejercicio de realpolitik brutal que, lejos de defender a nuestro país, simplemente agrava la situación, toda vez que demuestra una tibieza que puede ser interpretada como una invitación a una política de hechos consumados y manos libres. No más honrosa resulta la complacencia de nuestro Gobierno ante la censura selectiva del país vecino, ni sus desvelos para rebajar la firmeza del Parlamento Europeo en la declaración que debatirá hoy -en una actitud de solidaridad con el fuerte y de indiferencia con el débil que recuerda mucho a la sostenida respecto a Cuba-, ni, en fin, una falsa equidistancia que ni siquiera se molesta ya en aparentar que lo es. Respecto a la necesidad de mantener una relación fluida con Marruecos -quién lo duda- lo más chocante es que se aluda veladamente a nuestra seguridad, como si ante un enemigo común como es el terrorismo cupiera otra política que no fuera la de la cooperación. Del mismo modo que no resultaría admisible escuchar eso de parte de Marruecos, no lo es que se insinúe de la de nuestro Gobierno.

Dice un viejo dicho saharaui que al sur del río Draa al sultán ni se le reza ni se le paga tributo. Así lo confirmó hace ya muchos años la Corte Internacional de La Haya, sin que por ello pusiera en cuestión la frontera internacional marroquí, situada, como se sabe, bien al sur de dicho accidente geográfico. Esa frontera que, hoy por hoy, mientras no haya referéndum de autodeterminación, y le guste o no a nuestro Gobierno, está trazada en el paralelo 27º 40' Norte.

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